Sigue siendo un reto hablarle a los señores y señoras de la política y del dinero, para que lo político no arrodille a lo urgente. Los tradicionales pactos entre la clase política y la patronal guatemalteca (legalizados y mantenidos por abogados afines a este estado de cosas), han decantado en altísimos niveles de corrupción, exclusión e impunidad, y la consecuente ausencia de justicia y políticas sociales de beneficio para una mayoría poblacional. Nos sobran nombres y nos faltan cárceles e inteligencia para confirmar con evidencias este supuesto.

Dice García Canclini en La globalización imaginada, que hay “dificultades para construir una esfera pública, con deliberaciones democráticas, debido a que en los acuerdos (…) la negociación prevalece sobre los mandatos de los representantes, los compromisos entre grupos empresariales sobre los intereses públicos mayoritarios, y el cabildeo (o “lobbysmo”) sobre las instancias de gobierno”. En Guatemala, es más importante para la mayoría de los tomadores de decisión ser parte de la “rosca” y bajarse de un carro blindado luciendo guardaespaldas, que trabajar por construir un país. Es más importante tener poder y un nombre en las páginas de la historia oficial (no importa si es en la lista negra de esa historia), que sacar adelante a una nación. Es más importante ser listo que inteligente. Es más importante responder a oscuros pactos de corrupción y engrosar cuentas bancarias personales, que construir un presente y futuro común. De allí que expresiones como “morder y salpicar”, “si no transas no avanzas” o “no hay obra sin sobra”, sean parte del diccionario político-empresarial del país, pero no sólo. Esta práctica sí que se ha derramado a todos los niveles de una sociedad tan desposeída y falta de fe en sí misma.

¿Cómo ha afectado esto a Guatemala? Lo ha afectado todo. La visión estratégica de lo que queremos llegar a ser, las acciones para lograrlo, la justicia, la paz, el presente, el futuro, los niveles de conciencia. Y particularmente a la niñez, la adolescencia y la juventud. Atender y proteger integralmente a este sector es urgente. Y sin embargo, en nuestra sociedad patriarcal, esto sigue sin entenderse, siendo un tema de primeras damas, de señoras, de monjas o de caridad. Si hay una deuda histórica que el Estado guatemalteco debe saldar con un sector de la población, es con los niños, niñas y adolescentes de varias generaciones. La desnutrición, el abandono, el maltrato, la falta de educación y salud, los niveles de exclusión y la falta de oportunidades que ellas y ellos viven, son consecuencia de pactos egoístas y carentes de ética entre los que compran y los que se venden.

Quiero insistir en la miopía de la clase política y la clase económica ante esto. Si la niñez no se pone en el centro de las agendas políticas de los gobiernos de turno, Guatemala no saldrá del hoyo. Hablen lo que quieran de inversiones, empleo y estabilidad macroeconómica, pero de seguir este trazado, seremos el lugar que no llegará nunca a ser país. Sigue siendo increíble, hasta la frustración e indignación, que Guatemala sea uno de los países del mundo que menos invierte en sus niños, niñas y adolescentes, sosteniendo —además— enfoques conservadores para su formación y desarrollo. La educación sexual asusta, pero crecen las niñas violadas que dejan de estudiar y tienen hijos que rechazan, ampliando los círculos de la violencia al infinito. Tenemos en teoría, un sistema de protección integral de niñez y adolescencia que, en la práctica, se rompe por todos lados. Las instituciones del Estado guatemalteco, comenzando por las familias, son la mayoría de las veces, las primeras en violar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso, iniciar el Diálogo Nacional de Niñez y Adolescencia que derivará en acciones concretas, es más urgente que la política que lo arrodilla. Más urgente, porque ante una situación de emergencia como la actual, hay que pactar de otra manera de aquí en adelante. Pactar por la vida y con sentido de proceso y futuro, no por la muerte, como se ha venido haciendo.