Dos temas ocupan —y copan— la agenda política nacional, también la de grupos tradicionales de poder y algunos emergentes que luchan por figurar a toda costa, a pesar de no contar con los simpatizantes que hubiesen esperado hace un año. Las reformas constitucionales, referidas al sector justicia y la concesión de TCQ, son discusiones de trascendencia. En ambas, hay ansiosos porque las cosas queden como están o únicamente se modifiquen como ellos proponen. No gustan del debate claro, franco y abierto, de ahí que sea difícil apoyarlos. Lo absoluto en esta ocasión, no parece lo más recomendable.

Las reformas al sector justicia son necesarias. Sobran razones, y la experiencia ha demostrado abundantemente que el actual sistema funciona sobre la base de la tradicional corrupción y manoseo. El cambio debe de darse o seguiremos sin modificar la sustancia, y se repetirá la situación que casi destruye al país. Eso no significa que “la propuesta” sobre la mesa deba de aprobarse directamente. Es preciso definir con claridad qué debe de plasmarse en la constitución, qué cosas es preciso introducir a través de legislación y cuáles otras deben de aclararse y precisarse con detalle.

Por su parte, la concesión de TCQ es fundamental para desmonopolizar los procesos operativos en puertos, hacerlos eficientes y competitivos, salir de un sindicalismo que carcome el país y utilizar una infraestructura instalada. Desaprovechar esta oportunidad será motivo de anclaje comercial y económico, lo que se traduce en más retraso y menos desarrollo. No es necesario entregarlo o donarlo, sino que hay que buscar la fórmula que permita la explotación con reversión de lo que corresponda.

En ambos casos vemos grupos de interés que no desean cambios. En el tema judicial, algunos juristas, ciertas asociaciones y “nuevos” partidos políticos, abogan por aprobar lo que ellos mismos dispusieron y eso puede llevar a enfrascarnos, en poco tiempo, en otra reforma. En el tema portuario, ciertos grupos políticos descompuestos, determinadas empresas tradicionales que operan en la zona de la EPQ y algunos sindicatos, no desean soltar poder ni privilegios, y ponen todo tipo de trabas a una competencia que desnudaría la forma tradicional de administración viciada y rapiña.

Estamos atorados en un punto a partir del cual no somos capaces de avanzar. Surgen los que abogan por el “si” y quienes apuestan por el “no”, sin más razones que los discursos chirriantes, estruendosos que opacan la razón y apuestan, como es tradicional en un país de corta memoria, por emociones vacías de contenido. Con el miedo a la privatización portuaria y la obligación de incluir la justicia indígena, venden parcialmente productos de mucho más calado que el aparente. Es curioso, además, el contrate porque quienes desean un resultado negativo para las reformas, apoyan uno positivo para la concesión portuaria, y viceversa. De nuevo la ideologización pasa por encima del discernimiento. Los dinosaurios siguen en el país y no es posible avanzar con esa carga de exaltación que condena sistemáticamente el desarrollo y no gusta de la mejora económica ni del estado de derecho.

Sin saber que ocurrirá en el corto plazo, hay que desechar los absolutos y detenerse a saborear la discusión de cada punto, de forma que prive ese interés general del que todos se llenan la boca bajo la denominación de bien común, pero que sustituyen por el personal a la primera oportunidad.

Es preciso, más que nunca, un debate de altura ¿Nos apuntamos?

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