Entre una de las tantas encuestas y estudios que se hacen, viendo siempre a las personas como objetos de estudio más que como sujetos sociales, se estableció que la salud, empleo, el salario y la vivienda son de las principales preocupaciones de la ciudadanía, aspectos que coinciden con los derechos humanos fundamentales.

La salud es parte esencial del buen vivir y en nuestro entorno es un privilegio de pocos. Para contar con ella es indispensable tener los satisfactores que la permiten, los que están ausentes para las mayorías.

El incremento de los niveles de pobreza y pobreza extrema marcan esta situación, pues si no hay cómo alimentarse, sin servicios básicos y sin oportunidades, no se puede esperar contar con vidas saludables.

Este aspecto está íntimamente ligado también a la necesidad insatisfecha de tener un empleo y salario digno y decente que permita a la persona desarrollarse plenamente, lo que aquí dista mucho de ser realidad.

Al ver esas estadísticas publicadas en la Encuesta sobre Desarrollo Humano 2015, es obvio que ha variado la percepción de las personas, pues anteriormente la inseguridad era percibida como uno de los problemas principales que los agobiaban. Indica ese informe que cinco de cada 10 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, la que afecta a ocho de cada 10 niños indígenas. El 37% de las personas respondió que durante los últimos cinco años su hogar es más pobre, tendencia totalmente contraria a lo que ha reportado el resto de la región Latinoamericana.

A esta fotografía hay que sumarle otros aspectos que podrían agravarla, como algunas pérdidas de cosechas, debido a que en varios departamentos no fue suficiente la cantidad de lluvia que cayó; la falta de visión de las autoridades; la ausencia de programas que busquen atender a fondo las necesidades urgentes de la población, pero sobre todo la aplicación seria y responsable de políticas públicas que pueden contribuir a enfrentar esta grave situación.

Estos son algunos de los retos ineludibles que tiene el gobierno en el año que se avecina, además de probables crisis políticas y del impulso de las reformas necesarias para salir de este hoyo en el que nos encontramos.

Sin embargo, a pesar de que hay asuntos que son estratégicos, como el combate de la corrupción, la lucha para apoyar a los millones de habitantes que están al borde de la muerte debe ser una prioridad.

Es increíble que en nuestro país, según el Informe Mundial de la Ultra Riqueza 2014, haya 260 millonarios con un capital de US$30 mil millones y al mismo tiempo exhibimos uno de los más altos niveles de desigualdad en el continente. Se confirmó la tendencia de concentración de la tierra que hay en Guatemala.

Ese pequeño porcentaje que concentra la riqueza tiene la gran oportunidad, tal vez la última, de reflexionar y decidir si quieren seguir exponiéndose a que se cree una convulsión social ante la desesperación de las personas que carecen de todo. Pero, además, los expertos indican que mientras más se concentra el ingreso más se frena el desarrollo.

Estamos en una época en que los afortunados están en un torbellino de compras desenfrenadas, respondiendo a la exuberante y profusa publicidad en donde ofrecen toda clase de productos “a precio de quemazón”, mientras la mayoría sigue en un profundo abandono.

Nos gustaría saber si, en medio de esta grave situación, los sectores económicos privilegiados están dispuestos a arriesgar el futuro del país y con él sus capitales; si el gobierno se va a atrever a tomar alguna decisión para atender tanta y tan grave situación social, y si el ministro de Agricultura va a responderles a los millones de campesinos que están esperando la aplicación de la Política de Desarrollo Rural Integral.

Ojalá obtengamos respuestas favorables, por el bien común y por justicia social.