La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) ha expresado categóricamente que: “La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas”. Esta organización lanzó una cruzada hace más de diez años, para que todos los países se comprometieran a erradicar la corrupción. Otras instancias internacionales se sumaron a ese propósito. Como resultado, gobiernos democráticos comprendieron la importancia del objetivo y en alianza con las organizaciones sociales, iniciaron el proceso. Los resultados fueron positivos, no importando el rango o los privilegios de los imputados: En España, Iñaki Urdangarín y la infanta Elena fueron juzgados por corrupción, también el expresidente Jordi Pujol y muchos políticos del Partido Popular. Fueron detenidos y juzgados altos dirigentes de la Fifa. La lista se haría interminable. Cientos de altos funcionarios, religiosos y empresarios han sido juzgados por corrupción. La lucha contra la corrupción alcanzó un rango global.

¿Por qué Guatemala debería ser la excepción? ¿Por qué Guatemala debería ser el paraíso de los corruptos? ¿Por qué en Guatemala esa cruzada internacional no podía ser implementada? Ciertamente acá la lealtad delictiva de algunos empresarios, políticos y militares, cerró filas haciendo casi imposible que la lucha contra la corrupción avanzara. E implementaron una estrategia diplomática perversa aprovechando que el gobierno de Trump negocia los asuntos de Estado, como si se tratase de bienes raíces o compra de acciones en la bolsa. Y construyeron una red de defensores a sueldo que vendiendo su dignidad se sumaron a ese pacto de corruptos. Nunca cuestionaron a la Cicig, hasta que ésta, dirigida por Iván Velásquez, activó con fuerza la lucha contra la corrupción. Y crearon una serie de perversas mentiras: Que la Cicig había venido a dañar la dinámica de la economía. Que la Cicig favorecía a los grupos de izquierda. Que la Cicig violaba nuestra soberanía. Al extremo de intentar convencer a la población, respecto a que la Cicig era una amenaza contra nuestra institucionalidad y que violaba el contenido constitucional. Y sí, hay que aceptar que valiéndose de funcionarios miopes, incapaces de ver tres metros adelante, implementaron una estrategia que a corto plazo funcionó, pero que fracasará y que será para los utilizados, su propia destrucción. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla.

Los protagonistas abiertos y encubiertos que se oponen a la lucha en contra de la corrupción optaron por el lado equivocado de la historia. Deben entender que esa cultura de la corrupción que tanto los favoreció, implicando que miles de miles de guatemaltecos cayeran en pobreza o muriesen por la falta de un medicamento en un hospital público, no podía ser eterna. Nuestro pueblo reclama una cultura de legalidad y rechaza la corrupción. Los grandes evasores fiscales, los que han pagado salarios de hambre a sus empleados, los que cooptaron el Estado, los que financiaron en forma ilícita a la partidocracia corrupta, no podrán ganar jamás esta batalla. Ya la política exterior de EE. UU. volverá a enfilarse por el compromiso de erradicar la corrupción, la Unión Europea ha mostrado coherencia y persistencia ante la misma sin claudicar. Los organismos internacionales ya perfilaron a la perfección a quienes se oponen a la lucha contra la corrupción y a los funcionarios de turno, quienes ahora o quizá en unos pocos meses más, tendrán que enfrentar los efectos de sus aberrantes acciones.

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