Si vive en la capital o alrededores —departamentos de Guatemala, Escuintla o Sacatepéquez— observará en su factura un porcentaje entre el 12%-16% sobre su consumo de energía que corresponde a la tasa de alumbrado público. Esa cantidad que recauda la empresa eléctrica —y que entrega a la Muni— sirve para pagar el alumbrado público. De igual forma, si vive en otro lugar del país y el servicio es prestado por Energuate, encontrará un cobro agregado a su consumo por idéntico concepto. En este segundo caso, no es un porcentaje del total, sino una cantidad que suele ser, para los pequeños clientes, igual o superior al consumo realizado, lo que ha levantado suspicacias, sospechas y generado protestas y violencia.

Con tal excusa, Codeca decidió hace tiempo ofrecer “un servicio de suministro eléctrico más barato”. El procedimiento consiste en cobrarle al consumidor rural una cantidad mensual pequeña, independientemente del consumo real que realice, e impedirle a la empresa la entrada a la zona para evitar supervisar o cortar el servicio por falta de pago. Un robo disfrazado de “hurto de fluidos” que no ha sido tratado en tribunales como corresponde.

¿Por qué las Munis incluyen esa cantidad en las facturas y a qué obedece? Se trata de la parte proporcional del alumbrado público local, aunque parece inconcebible que aldeas pequeñas paguen cantidades desorbitadas por apenas un par de focos en la zona. Se supone que cada alcaldía debe contar con un presupuesto —sufragado por sus vecinos— para el pago del alumbrado público, el mantenimiento de las lámparas y la sustitución de las mismas, y otros pequeños conceptos. Sin embargo, pareciera ser que bajo la noción de “alumbrado público” ciertas Munis incluyen el gasto de motores para extraer agua de pozos, iluminación de edificios municipales, ferias y fiestas locales y otras cuestiones imprecisas que incrementan sustancialmente la cantidad total mensual, misma que es prorrateada entre los vecinos, sin importar su nivel de consumo, y duplica o triplicar la factura doméstica.

No es la empresa la que genera el problema, sino las municipalidades que no separan conceptos e incluyen en esas cantidades incluso gastos de caja chica ¿Quién supervisa?, parece que nadie ¿Quién autoriza tal barbaridad?, debería ser la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ¿A quién afecta el problema?, a pequeños consumidores que apenas pueden pagar sus gastos y son gravados con cantidades que corresponden asumir a la municipalidad. Al final se confrontan vecinos y empresa —que nada tiene que ver— y se crea un enorme y violento problema que deberían arreglar los alcaldes, pero que no lo hacen porque les resulta cómodo dejarlo así: polarizado y con ellos —responsables del problema— excluidos.

¿Se habrá discutido el asunto en la Anam?, porque es de esos temas que seguro se evita mientras se deriva a delincuentes organizados —Codeca—, vecinos que reciben facturas con altísimos costos y la empresa que no logra cobrar lo que distribuye ni entrar en la zona porque sus operarios son amenazados o agredidos. Es un problema municipal, ineficientemente gestionado y con poca o ninguna trasparencia del gasto real reflejado bajo el concepto de consumo eléctrico, pero que puede incluir variados rubros, como los antes citados y saber que otros. No es de recibo prorratear entre los vecinos una cantidad cuyo origen y sumandos se desconocen, menos polarizar o permitir violencia con silencio cómplice ¿Por qué no cobran ellas esa tasa y se lo endilgan a la empresa?, quizá por comodidad y a saber la pegas legales que pondrían para continuar con la distribución.

¡Las cosas claras!, que es justamente lo que ciertas Munis no hacen.

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