Muchos vislumbran un dramático choque de trenes a corto plazo.  Por una parte, estarían las fuerzas que han favorecido la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso junto con el despido del ministro de Gobernación y del Superintendente de la SAT.  Por otra, se interpreta la presentación de  nuevos casos judiciales, que han involucrado y debilitado a políticos y empresarios poderosos, como el resultado de acciones de fuerzas contrarias.  Algunos lo interpretan como una batalla entre dos bandos que se disputan espacios de influencia.  En el primer grupo estarían el presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú, junto con un grupo importante de diputados, políticos y asesores civiles y militares, y en el segundo el Ministerio Público, la CICIG, la PDH y variados sectores de la sociedad civil, sin mucha organización pero con cierto apoyo de la comunidad internacional.

Pero esta situación puede interpretarse de otra manera: como una crisis que ha resultado de actores políticos dominantes, apoyados por algunos empresarios, que se niegan a aceptar los límites al poder. Muchos de esos límites, aquí y en otros países, son normas aplicadas por el poder judicial. No son normas que dependen de la fuerza política ni de negociaciones. Deben depender de organismos y reglas que funcionan, y que hacen valer la aplicación de la ley en igualdad de condiciones.

Es cierto que nuestro sistema judicial tiene fallas importantes, y es posible que el MP y la CICIG hayan cometido errores, pero ello no se corrige evitando que se realicen investigaciones y que se lleven a cabo juicios. El problema central no es ese, que en todo caso podría moderarse con la iniciativa de disminuir la duración de las penas para aquellos que acepten su culpabilidad, o reducir drásticamente el número de personas sujetas a prisión preventiva.

Pero el principal problema es que aquellos acostumbrados a ejercer un poder autoritario no quieren que les impongan límites. La aplicación de la ley no debiera depender del poder político, económico o religioso de un determinado actor, ya sea de un líder carismático, un exitoso empresario, un líder comunitario de raigambre popular o un pastor o sacerdote animado de profundas convicciones y de la fe. La aplicación de la ley debiera aplicarse a todos por igual, sin influencias políticas, empresariales o religiosas. Por ello resulta tan peligrosa la lucha de aquellos que ahora pretenden que por sus influencias y acciones políticas no se les aplique la justicia.

Y cuando alguna institución o personalidad le impone límites a estos personajes acostumbrados a ser autoritarios y a actuar impunemente, buscan aplastarla. Es lo que pretende la estrategia de la triste alianza entre el presidente, el alcalde de la capital, y otros políticos, que incluyen a muchos diputados y alcaldes. Es un intento por restaurar el autoritarismo y la impunidad. El peligro es retornar a un pasado en que la ausencia de límites abrió espacios para que se crearan redes ilícitas que carcomieron y destruyeron a un Estado ya débil e ineficaz.

Fuerzas sociales y políticas nacionales están llamadas a impulsar una renovación democrática para desplazar del poder a estas fuerzas acostumbradas a actuar impunemente y que quieren retornarnos al pasado. Se justifica conformar un frente nacional de oposición, o amplias coaliciones con la capacidad de evitar que en 2019 volvamos a elegir un Congreso con el predominio de políticos que buscan evadir los límites que son parte inherente de una república y de la aplicación de la justicia.

Es un desafío que trasciende las visiones ideológicas de izquierda o de derecha. Es un tema de igualdad ante la ley y de imposición de límites al poder autoritario y arbitrario.

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