Todos los temas relacionados con las creencias religiosas en un país laico como Guatemala requieren en determinados momentos   algunas reflexiones acerca de la religión, sus sacerdotes, pastores, ancianos o como se llamen, sin entrar a la crítica de quienes por alguna razón muy privada y, por tanto, respetable, se han cambiado de creencias. No existe, pues, el “transfuguismo religioso”. Es primordial tomar en cuenta una verdad incontrovertible: estas personas son ciudadanos por nacimiento o por haberse nacionalizado. Eso significa, en pocas palabras, su obligación de cumplir con las leyes del país. No se les puede eximir de tener licencia para conducir automóvil, por mencionar un ejemplo simple solo para ilustrar el punto.

Cuando se trata de ofensas legales más profundas, como asesinato, pedofilia o la relación directa o indirecta con el narcotráfico o la corrupción, deben ser juzgados con la previa presunción de inocencia. Pero no se puede pedir su liberación del alcance de la ley porque se trate de personas a quienes sus seguidores consideran enviadas divinas. Esto, claramente, es sujeto de discusiones, cuya mención no es motivo de este artículo. Esta superioridad de la categoría de ciudadanos sobre cualquier otra se ve ejemplificada con una declaración del papa Juan Pablo II, cuando afirmó en su momento su decisión de renunciar al cargo religioso y dirigirse a su patria, Polonia, para defenderla de una agresión soviética poco después de la caída del muro de Berlín.

Estas consideraciones se han puesto en el tapete a consecuencia de la decisión del Ministerio Público de investigar al predicador Cash (Carlos Luna) por posibles vinculaciones con personas relacionadas con el narcotráfico. Un factor legal es lo conocido como la presunción de culpabilidad, a causa de circunstancias necesitadas de explicaciones, no solo para los seguidores, sino también para el resto de la población. Entre estas se encuentran su amistad con Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos y vecina suya, en dos mansiones francamente gigantescas, como gigantesco es el templo de la Ciudad de Dios, una megaiglesia valuada en 44 millones de dólares, según la investigación periodística de Univisión hecha pública el lunes en Guatemala.

No le ayuda tampoco ser el usuario principal de un jet privado, también de varios millones de dólares, y desde el punto de vista de interpretación religiosa, la frase bíblica según la cual se debe llegar a la iglesia con la biblia en una mano y con la chequera en la otra. Igualmente a mí me parece extraña la cantidad de sanaciones y milagros ocurridos en el escenario, término adecuado para describir su púlpito en el templo cuyo parqueo tiene lugar para tres mil automóviles. Haber aceptado una bandera regalada por Roxana Baldetti lo puso en problemas, los cuales solucionó ante sus feligreses. Todas estas son realidades y las menciono sin ningún tipo de calificación ni de comentario, y sin relacionar a ninguna del numeroso resto de iglesias evangélicas.

El criterio principal de este artículo es señalar la obligación de cumplir con las leyes laicas del país. La ruptura de esas normas puede implicar castigos de una sociedad laica y también en lo religioso, pero ese es otro tema, dependiente de las normas internas de cada agrupación. Participar como feligrés o dirigente en una religión no debe ser motivo de molestia porque haya investigaciones de los entes de persecución penal, como en este caso, ni tampoco verlo como persecución religiosa. Es parte del movimiento de transparencia por el cual transcurre Guatemala, en el cual de alguna manera deben ser incluidos criterios como el de la llamada teología de la prosperidad, la cual involucra la opulencia, es decir la riqueza extraordinaria, según la definición del diccionario.