La Contraloría General de Cuentas (CGC) ha sido una institución opaca que ahora quiere salir del letargo en que la han dejado las maniobras políticas. La Contraloría no ha servido para los fines de fiscalización para los cuales fue creada, sino parar apañar los malos manejos. En el pasado se observó cómo los aspirantes a dirigir esa entidad han buscado el apoyo de diputados y dirigentes políticos, a quienes deben proteger sus intereses cuando asumen el cargo. Ese fue el caso de la anterior contralora, Nora Segura, que nunca fue un peligro para los corruptos. Carlos Mencos tampoco ha sido la excepción a esa tendencia. Asumió el cargo de contralor por segunda vez en enero del 2015 y lo hizo con la venia del PP y Líder cuando estos se repartían el pastel del Estado a su sabor y antojo. Sin embargo, a raíz de las acciones contra la corrupción desmedida de los líderes de esos partidos, los ojos de la ciudadanía están sobre la Contraloría. Por ello, Mencos se ha visto obligado a tratar de retomar sus funciones de fiscalización.

Entre las acciones saludables que la CGC ha desarrollado está su reciente informe de auditoría en el que señala irregularidades en el manejo de fondos en el Organismo Legislativo por más de Q72 millones. Entre los reparos está que la junta directiva pasada otorgó puestos a mil 41 personas sin que tuvieran que marcar ingreso y salida. O sea, es muy probable que nunca llegaran a trabajar, pese a ganar un salario proveniente de nuestros impuestos. Ese organismo también pagó más de 85 mil quetzales en dietas a 82 diputados que no asistieron a plenarias y se ganaron el dinero de gratis. A eso se agrega la contratación de mil 375 personas sin que existan actas de toma de posesión. Frente a estas anomalías, la Contraloría presentó una denuncia penal contra la junta directiva del año pasado, y esto tiene como la gran diabla a sus exmiembros porque reveló las irregularidades en que incurrieron.

De inmediato los diputados pusieron el grito en el cielo y aseguraron que la Contraloría impulsa una acción de desprestigio contra una entidad tan honorable como el Legislativo, lo cual solo ellos se creen. Mario Taracena, por ejemplo, dijo que accionarán contra los auditores de la CGC y espera que “el contralor no esté involucrado”, lo que podría entenderse como una forma de presionar a Mencos para que retroceda en sus denuncias. Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) estuvieron muy activos para unir a las diferentes bancadas, entre ellas su supuesta adversaria, la del Frente de Convergencia Nacional (FCN), para denunciar a la Contraloría y exigir una contrarrevisión con auditores diferentes. Hasta al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, se le vio muy activo para criticar a la Contraloría cuando su mandato ha sido anodino y ha tenido al Legislativo sin ninguna dirección.

Tras el berrinche de los diputados se esconde una realidad muy clara. Las denuncias de la CGC podrían significarles no poder obtener su finiquito y con ello ya no podrían reelegirse en las próximas elecciones, con lo que se acabaría la vaca lechera de la que han mamado desde hace años. Como se ve, a los parlamentarios les importó un carajo las reformas al sector justicia que sesión tras sesión dejaron tirada, pero ahora que está en juego su continuidad política sí se unen y exigen que la Contraloría modifique a su favor el informe de auditoría. A ese nivel de descaro han llegado. La palabra la tiene ahora Mencos. El contralor sabe muy bien que ya no están los tiempos de dar marcha atrás para quedar bien con los diputados. Si de verdad quiere rescatar la credibilidad de la Contraloría debe mantener los reparos y denuncias contra los responsables de malos manejos en el Legislativo.