La hidra capitalista arrolla a Guatemala a diestra y siniestra. En todo el territorio nacional hay proyectos extractivos. En el caso de la palma africana, este cultivo empezó a expandirse en el país de manera acelerada desde inicios del siglo XXI. En varias regiones del país se pueden observar cómo las grandes extensiones de este monocultivo rodean a las comunidades por entero, amenazándolas con desaparecerlas.

El mejor ejemplo es el ecocidio en el río La Pasión, Sayaxché, Petén. Toneladas de peces y cientos de animales acuáticos murieron por asfixia y contaminación. En junio de este año, líderes comunitarios denunciaron a la empresa Reforestadora de Palmas de Petén, S.A. (Repsa) de ser la supuesta responsable de este desastre ecológico.

Se estima que 116 mil personas resultaron perjudicadas directamente y 12 mil de forma indirecta. Para estas familias y comunidades mayas y ladino/mestizas, los ríos son vitales para sus estrategias de vida; de ahí extraen el agua que necesitan para preparar los alimentos, lavar la ropa, bañarse, regar sus cultivos, alimentar a los animales de patio y ganado. Asimismo, las familias que viven en las riberas del río La Pasión y se dedican a la pesca artesanal, su economía ha sido seriamente afectada.

El líder comunitario maya q´eqchi´ y profesor Rigoberto Lima Choc, fue uno de los primeros que denunció públicamente el desastre ecológico, social y económico en el río La Pasión. Lamentablemente el 18 de septiembre de 2015, fue asesinado con arma de fuego frente al juzgado de Sayaxché, Petén.

Llama la atención que este cobarde crimen se cometió un día después que la jueza Karla Hernández, del Juzgado Penal de Sayaxché, Petén, a solicitud del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), ordenara el cierre temporal —seis meses— de la empresa Repsa por su presunta responsabilidad en la contaminación del río La Pasión. Esto con el fin de que el MP recabe evidencias y determine si efectivamente es la responsable del ecocidio.

También el 18 de septiembre, tres dirigentes del Consejo de Desplazados de Guatemala (Condeg) fueron retenidos por aproximadamente seis mil trabajadores de Repsa, a manera de presionar a las autoridades para que dejen sin efecto la suspensión temporal de las actividades de dicha empresa.

Las grandes empresas nacionales y transnacionales no pueden hablar de “progreso” y “desarrollo” si lo que está en riesgo es la vida humana, animal y vegetal y no pueden hablar de desarrollo cuando por codicia desmedida recurren a estrategias de confrontación comunitaria e intercomunitaria a cambio de salarios de hambre y a costa de la destrucción del ecosistema.

El ecocidio y las graves violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la contaminación en el río La Pasión, es responsabilidad del Estado guatemalteco por no exigir a las empresas el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

El asesinato del profesor Rigoberto Lima Choc no puede quedar en la impunidad, el Estado de Guatemala debe dignificar su memoria; tiene la obligación de investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de ese repudiable crimen.