Este pueblo, con sus autoridades legítimamente constituidas y sus ciudadanos, cual pequeño David, se enfrentó a Goliat, el gigante minero, y a toda su parentela, confiando en el frágil y cooptado sistema de justicia guatemalteco, al promover  una “Consulta Municipal a solicitud de Vecinos”, el 11 de noviembre del 2012, para pronunciarse sobre la minería química de metales, en la que más de 10 mil personas se pronunciaron en contra de estos proyectos,  un 98.42%.

Después de muchas vicisitudes, como toca a los pobres de este país ante la justicia, la  Corte de Constitucionalidad,  a un año de la Consulta, sentó un precedente legal al avalar, por primera vez en su historia, que los resultados de una consulta comunitaria sobre la construcción de proyectos de minería son de cumplimiento obligatorio para una municipalidad.

Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por  los mineros, contra el acta y el artículo 19 del reglamento del Honorable Consejo Municipal de Mataquescuintla, que autorizó y reguló la consulta comunitaria, planteando que es el Estado quien debe legislar sobre el tema y no una municipalidad particular. La Corte declara sin efecto dichas acciones fundándose en el  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, argumentando que “es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados”. Este derecho ha sido sistemáticamente violado por el Estado guatemalteco en una clara muestra de que a los gobernantes que hemos tenido no les interesa la vida de su pueblo, sino sus negocios en contubernio con  los mineros.

Más claro no canta un gallo al exhortar la Corte al Estado y al Congreso para garantizar la participación efectiva de los vecinos en los procesos de las consultas, cuando afirma que ellas  “son mecanismos importantes por medio de los cuales se garantizan derechos fundamentales y son la clara expresión de un régimen democrático y los vecinos de los municipios tienen el derecho de expresarse con relación al uso, goce y disfrute de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio de su municipio”.

En su lucha por la vida los coliseños han afrontado con gallardía  la criminalización  de parte del Estado, la pérdida de sus garantías por el estado de Excepción que arbitrariamente se les impuso, la intimidación de los mineros con sus “guaruras” y el encarcelamiento de sus verdaderos líderes por la complicidad de jueces venales.  ¡Arriba, Colis, por un territorio libre de minería química de metales!

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