Tirado y defecado, el paisano Alan fue recogido de una acera en Dalton, una ciudad pequeña cerca de Atlanta. En el invierno de 2012, Alan, solitario, había sucumbido nuevamente al alcohol, su más cruel y longevo compañero. En su miseria perdió todo lo que tenía, en lo espiritual y en lo material. En cuenta su billetera, en la cual cargaba su tarjeta verde, la tarjeta de su residencia legal. Quien lo recogió de la calle fue Samuel, un pastor adventista que desde su llegada de Puerto Rico, en 1972, conduce un ministerio donde se congrega una mayoría de Concepción Tutuapa. Samuel, un hombre rotundo en su acción, se determinó en reponerle a Alan sus documentos de identificación. Pensó que en esa condición lo confundirían como indocumentado y lo expulsarían del país.

Inmediatamente condujo a Alan a nuestra sede consular para reponer su pasaporte. Pero su iniciativa humanitaria fue rechazada. “¿Qué pasó?” Le pregunté cuando me llamó en su regreso a casa. “Me faltaba completar el reverso de un documento”, me respondió. “¡Hubiera solicitado exponer la situación a la cónsul!”, imploré. “Eso hice”, respondió. “Pero me dijo que un pastor extranjero no tenía por qué dar órdenes al Consulado de Guatemala”.

Historias como esa me convencen de que en el diseño del Estado hace falta un ente adecuado que formule y ejecute políticas de atención al migrante desde la perspectiva humanitaria. No uno que aplique la norma positiva desde la perspectiva del deber-ser, sino que atienda desde las situaciones reales de la vida. Esto, en la actualidad, no es lo que sucede. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha centralizado una agenda considerada huérfana y ha llevado esfuerzos con la Dirección General de Migración y Renap para documentar en el extranjero. Pero en estas dos últimas parecen ser más relevantes los negocios y no las políticas, y en los consulados parece que los funcionarios —salvo excepciones—, mientras más años de carrera acumulan en el exterior, más callo forman en sus corazones.

Por ello se esperaba la entrada en vigencia, hoy, del Código de Migración, pues dispone la creación de la nueva Autoridad Migratoria que deberá diseñar la política migratoria desde una visión de derechos humanos. Además, da vida al Instituto Guatemalteco de Migración, que sustituye a la Dirección General de Migración. Sin embargo, la entrada en vigencia del Código quedó suspendida provisionalmente ayer, por un amparo interpuesto en la Corte de Constitucionalidad por la Procuraduría General de la Nación y dos entidades del Ejecutivo (DGM y Mintrab). Dado que la corrupción ha sido noticia frecuente en las gestiones de las oficinas encargadas de emitir documentos en Guatemala, preocupa que esta acción de amparo, más que reparar sobre detalles técnicos, venga a proteger intereses de quienes se han enquistado alrededor de las millonarias concesiones para emisión de dichos documentos.

Será importante observar la posición del Ejecutivo sobre la relegación de sus oficinas del tema migratorio. Los migrantes viven una situación peligrosa que debe ser atendida profesionalmente. El cambio de gobierno en EE. UU. nos ha llevado a improvisar. Una improvisación ha sido armar relaciones con organizaciones que acompañan a migrantes en ese país. Pero la visión burocrática que ha acompañado hasta hoy la gestión consular supone un reto para reconstruir relaciones rotas con personas como el pastor Samuel.

Mañana, casualmente, es el Día Internacional del Migrante. De confirmarse en definitiva el amparo de ayer se consumaría una trompada a las aspiraciones del migrante por una atención digna y humanitaria.

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