La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el 11/12/2007 una petición de 13 comunidades del municipio de Sipacapa, San Marcos, en contra del Estado de Guatemala, por haber autorizado el proyecto Mina Marlin I sin realizar una consulta previa, libre e informada y por desconocer los resultados negativos de una consulta promovida por las propias comunidades. Los comunitarios —con el auxilio legal de la Asociación Plurijur— alegan que el proyecto minero les ha generado graves consecuencias y riesgos. La Comisión admitió la petición por considerar que tiene competencia para conocer la denuncia.

Al reclamo se unieron los alcaldes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, así como algunas comunidades de ese municipio, quienes fueron admitidos también como peticionarios.

El 20/05/2010 la CIDH ordenó la adopción de medidas cautelares a favor de las comunidades y solicitó al Estado “suspender la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión…” Después de recibir información adicional, cambió el objeto de las medidas cautelares y solicitó al Estado que “adopte las medidas necesarias para asegurar que los miembros de las 18 comunidades Mayas beneficiarias tengan acceso a agua potable apta para consumo humano, uso doméstico y segura para el riego”. Es decir, garantizar que las fuentes de agua no sean contaminadas.

A raíz de esto, en diciembre del 2010, el Estado de Guatemala conformó una mesa de diálogo en la que participan representantes de las 18 comunidades afectadas, los alcaldes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) y delegados de Montana Exploradora. El 30/11/2015, en el marco de la mesa, se firmó un acta en la que se acordó solicitar a la CIDH que el asunto se resuelva a través de una solución amistosa. Con base en esa acta, en enero 2016 el gobierno solicitó a la Comisión que se dejen sin efecto las medidas cautelares, buscando obviamente que se archive el expediente y que el caso no llegue a la Corte Interamericana.

Ante la petición de solución amistosa, la CIDH requirió al Estado que presente un plan de reparación integral a favor de todas las víctimas de las comunidades de ambos municipios. Cuando Copredeh le pidió a Montana que presentara una propuesta de negociación para el plan de reparación, la empresa le respondió con una carta en la que se retira de la mesa de diálogo y deja al Estado como único responsable de asumirlo. “Consideramos que los futuros compromisos que se adopten en la Mesa de Diálogo son exclusivamente responsabilidad del Estado de Guatemala (…) En consecuencia, Montana Exploradora, S.A. ya no podrá acompañar a Copredeh en las próximas reuniones de la Mesa de Diálogo”, se lee en la misiva.

Después de haber ganado —siendo conservadores— Q22 mil 114.28 millones entre octubre de 2005 y julio de 2016 (datos de Asíes), ahora la empresa se niega a asumir el plan de reparación, a pesar del daño causado y de las violaciones a los derechos de las comunidades es la principal responsable.

Además del gravísimo deterioro ambiental y social provocado, el Estado guatemalteco dejó de percibir millones de quetzales en impuestos cuando las empresas mineras se acogieron a los beneficios de la ley de maquilas y millones de quetzales en regalías porque el monto que deben pagar es risible. Ahora se verá en la necesidad de afrontar un plan de reparación integral para el que no tiene recursos o una condena de la Corte. Y todavía hay quienes afirman que la minería es un buen negocio.

@MarielosMonzon