Mi oficina profesional estuvo situada en un edificio, en la carretera a El Salvador. Teníamos ahí un teléfono internacional, considerado en ese entonces tecnología privilegiada. Con un número que parecía local para quien llamaba desde EE. UU., atendíamos consultas por situaciones en el campo de la ley guatemalteca. Un día nos entró una llamada diferente. Algo alarmante se oía en el tono de su voz. La señora llamaba desde algún lugar perdido en los campos de Georgia. Pedía auxilio, pues huía de su marido quien amenazaba con asesinarla, a ella y a sus dos infantes hijos. Totalmente impotentes, le recomendamos buscar protección de la policía local; pero ella se negó, por miedo mayor, debido a su irregularidad migratoria. La pobre señora estaba aturdida; paralizada por el miedo. Llamé de inmediato a la cónsul guatemalteca más cercana. Para mí, eso era un reto, pues la cónsul, con su petulancia cerrada de burócrata empoderada, era la última persona con quien querría hablar. Pero ese día era necesario, pues un cónsul tiene contacto con las policías de su circunscripción. Le trasladé el caso, y luego intenté hablar de nuevo con la señora, para dar seguimiento a su pena. Pero ya no me quiso hablar. Lo último que me dijo fue que la cónsul le enfatizó en no hablar con abogados o periodistas. ¿Qué pasó luego con ella y sus hijos? Nunca lo sabremos.

Un par de años más tarde, desgastado y agotado por llevar a cuestas una tarea que no debiera ser individual, sino de Estado, cerré mi práctica profesional hacia comunidades migrantes. Y fui llamado por la Cancillería, para asesorar al despacho ministerial. Tres o cuatro meses después, devolví el contrato con total frustración, pues me fue evidente que el interés principal del Ministerio era mantener su imagen –y la del gobierno-, y no tanto el bienestar de la gente migrante. Y es que para lograr ese bienestar, en muchas ocasiones, es necesario un primer paso de reconocimiento público de los problemas que afronta el Estado, para atender adecuadamente la problemática migratoria. Eso fue en 2015, y coincidió con la apertura del programa entre Renap y Cancillería para llevar el DPI a EE.UU. Una semana antes de esa inauguración, comisionado por el Minex, visité Houston, que era una de las pocas ciudades privilegiadas para el trámite. Pero constaté que nadie, absolutamente nadie, estaba enterado de la llegada del DPI a la ciudad, pues no hubo ninguna campaña informativa. Ni siquiera afiches. Comuniqué al más alto nivel la necesidad informar, para lograr que más personas se beneficiaran. Pero a cambio recibí –desde ese mismo alto nivel- una reprimenda por correo electrónico; una vituperación de mil palabras, que tenía como mensaje central la posición que nuestra diplomacia mantiene viva en su médula institucional: “No a la apertura de la información”. “Mientras menos se sepa, mejor”.

Esta semana, ante la desoladora muerte de Jakelin, una niña verapacense en manos del Departamento de Seguridad Interna, en su nota, elPeriódico expresa un nuevo ejemplo de este sigilo institucional, que pone en riesgo a la población. Dice la nota que el Minex no informó nunca sobre este hecho, sino hasta que el Washington Post lo reportó. Y se suma a una larga lista de hechos que la Cancillería solo reconoce, hasta que los medios de comunicación los hace públicos. En la actualidad, existen elementos para pensar que la Cancillería mantendrá silencio sobre situaciones que puedan comprometer a la Casa Blanca de Trump, de quien busca favores políticos. Pero la realidad de fondo, es que en ese Ministerio existe una cultura de silencio y de poca apertura a la verdad, que es necesario cambiar, para salvaguardar la vida y la integridad de miles, de millones de compatriotas, que viven en total desamparo.

@pepsol