En Guatemala se inició un proceso inédito mediante el cual con el apoyo de instituciones internacionales (ONU/Cicig) y gobiernos de países históricamente ligados a Guatemala (EE. UU. /Unión Europea), se pretende desarticular un modelo político, jurídico y empresarial, altamente penetrado por la corrupción, la impunidad y la cooptación de Estado. Diversos grupos de poder llegaron a disputarse los organismos del Estado como mecanismo operativo para favorecer el surgimiento ilegal de grandes fortunas, mediante practicas deleznables como las plazas fantasmas, el soborno, el chantaje y la asignación ilegal de la obra pública. Si bien teníamos una idea de lo que ese putrefacto modelo implicaba, con las investigaciones, las capturas y el inicio de procesos legales en contra de empresarios, militares y políticos ligados a diversos tipos de delitos, llegamos a descubrir que la corrupción y la impunidad habían llegado a niveles jamás imaginados. Yates, mansiones, vehículos lujosos y lavado de capitales entre otros, contrastaban con escuelas en pésimo estado, hospitales colapsados, fuerzas de seguridad infiltradas y mal equipadas, además de una infraestructura nacional totalmente destruida.

El mecanismo operativo era simple: la partidocracia corrupta vendía sus servicios a los capitales delictivos. Estos capitales financiaban campañas electorales, mediante las cuales y en total complicidad con instituciones como el TSE, legalizaban el ritual electoral que reproducía cada cuatro años la misma función. Como magistralmente lo expresó el doctor Héctor Rosada: “En Guatemala se puede votar, pero no se puede elegir, porque la partidocracia corrupta representa lo mismo”. La presidencia de la república, los ministerios, el congreso y las cortes, fueron sometidas al imperio de mafias diversas que mediante una especie de “lealtad delictiva” implantaron un sistema que arrasó con los intereses sociales, con las instituciones del Estado y los escuálidos fondos dedicados a inversión pública. Este modelo no podía durar para siempre, la total ineficiencia de las instituciones del Estado, la paralización del modelo económico nacional, las altas tasas de criminalidad, la ausencia de inversiones, la pobreza y la conflictividad, nos obligan a duplicar esfuerzos precisamente para lograr el objetivo de eliminarlo. Las cárceles se saturan por la frecuente recepción de criminales, a los casos ya planteados por el MP, se suman otros que surgen en forma inesperada. Precisamente por ello, paralelamente al compromiso social que todos tenemos para apoyar desde nuestras propias capacidades esa lucha contra la corrupción y la impunidad, está la formulación de un nuevo modelo político e institucional que deberá surgir caracterizado por la honestidad, la capacidad profesional de los cuadros públicos de dirección, la agenda general del Estado y las diversas políticas públicas que deberemos de implementar para rescatar a nuestro país y dar viabilidad a una nueva forma de organización política y social.

Que la Cicig el MP y el sistema de justicia en general, continúen con su tarea para extirpar el cáncer de la corrupción. Pero necesario se hace que como sociedad, formulemos las líneas de acción para instaurar un nuevo y mejor gobierno. A nosotros los ciudadanos nos corresponde entonces asumir el compromiso y la tarea de construir ese nuevo Estado. En las próximas columnas expondré en detalle la ruta que creo, se nos plantea en forma obligada para todos aquellos que sí creemos en la posibilidad de construir una Guatemala diferente, democrática, equitativa y con justicia para todos.

manuelvillacorta@yahoo.com