La muerte del Dr. Jesús Oliva, —acaecida después de guardar prisión preventiva por más de tres años— no fue un suicidio. Será ese acto el efecto, pero jamás la causa de tal tragedia. La causa fue la irresponsabilidad de los jueces Morelia Ríos Arana de Villalta y Miriam Hernández López, por negarse a otorgarle una medida sustitutiva a pesar  de los informes médicos con diagnósticos de que padecía de “depresión crónica, ataques de ansiedad, miedo e ideas suicidas (…)” . Es el segundo detenido del caso Igss-Pisa que muere en prisión. En el 2016 murió el Dr. Erwin Castañeda Pineda.

A los doctores Oliva y Castañeda los mató el sistema de justicia opresivo, injusto, ilegal, inhumano, que ha convertido las cárceles en campos de concentración en donde los recluidos viven en condiciones infrahumanas y sin ningún tipo de derechos. Y uno se pregunta: ¿Por qué ha llegado el sistema de justicia a semejante colapso hasta tener más de la mitad de la población recluida en el Sistema Penitenciario nacional en prisión preventiva? ¿Cuál es la razón para cometer en el nombre de la justicia, la mayor de las injusticias?

Hay una correlación del aumento de la población con prisión preventiva desde el momento en que muchos jueces se niegan a otorgar medidas sustitutivas por temor a ser objeto de represalias y persecución, desde aquel informe de la Cicig —publicado en noviembre del 2012— denominado: “Los jueces de la impunidad”… En su informe, la Cicig señaló directamente a los jueces Mario Peralta y Rossana Mena Guzmán de “haber sido captados por estructuras criminales”, y a Julio Gerónimo Xitumul de “favorecer la impunidad”.

Los magistrados Carlos Aguilar, Silvia Morales, Artemio Tánchez, Héctor Echeverría, Fausto Morán y Byron de la Cruz fueron señalados de “favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de la Cicig en Guatemala”. La Comisión acusó en su informe de dictar fallos “que han favorecido a personas vinculadas con el poder corrupto” a los jueces Sergio Castro y Silvia de León, y de emitir “resoluciones que han favorecido a un poder difuso” a Verónica Galicia y a José Eduardo Cojulum. Ver informe completo en: http://kpbs.media.clients.ellingtoncms.com/news/documents/2012/12/07/COM-093-20121129-DOC01-ES.pdf

De esa supuesta lista de la impunidad de los que “nunca” fueron procesados, estos jueces han ejercido la judicatura con un implacable sentido de aplicación de la prisión preventiva en los casos de interés para la Cicig. Por espacio menciono cuatro: 1. La jueza Silvia de León, fue quien ligó a proceso al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales…

2. El juez José Eduardo Cojulum, caso Marta Sierra de Stalling, caso de “la Línea”; a Mauricio López Bonilla por el caso “blindados”, y lleva el caso del Transurbano en el cual varios están ligados a proceso y guardan prisión.

4. La juez Silvia Violeta de León Santos fue la que conocía el caso IGSS-PISA.

3. Al juez Julio Jerónimo Xitumul, entre otros casos, Negocios en la Industria Militar.

Iván Velásquez, en sus primeras declaraciones, al arribar al país, señaló que el informe de los jueces de la impunidad se había basado en rumores e informaciones no verificables; posteriormente se retractó minimizando que tan solo “algunos” casos se basaron en rumores. http://www.soy502.com/articulo/desestimados-todos-los-antejuicios-contra-jueces-de-la-impunidad

Las interrogantes son obvias: ¿Después de señalamientos tan graves de la Cicig, estos jueces al practicar su judicatura, están pensando en ellos o en las pruebas objetivas de los acusados?

¿Quiénes definen ahora a quién se le otorga medida sustitutiva y a quiénes no? ¿Quiénes serán las próximas víctimas después de tres años de prisión? ¿Max Quirín? ¿Julio Suárez? Insólito, pero insto al lector a leer este informe del caso: https://vocesporlajusticia.org/2018/04/24/carta-enviada-a-embajadora-de-eeuu-ante-la-onu/