La exclusión, uno de los problemas atávicos de la sociedad guatemalteca, se ha visto reflejada en diversos órdenes desde el pasado colonial, que trascendió con la emancipación política de España y se consolidó con la Revolución Liberal de 1871, en una agenda de marginación y malinchismo paulatinamente convertidos en un estigma para una mayoría de guatemaltecos. Esto implicó que se vieran vedadas hasta bien entrado el siglo XX sus posibilidades de educación, nutrición, participación política y otros derechos.

Cuando se habla de que hasta la mitad de la población encaja en ese patrón de exclusión es porque sus efectos han alcanzado proporciones críticas, al punto de comprometer por completo el desarrollo nacional y las perspectivas competitivas en un mundo en el cual surgen nuevas potencias económicas, entre las cuales hay naciones que hace 60 años tenían indicadores mucho más bajos que Guatemala.

Una de las circunstancias clave para esta situación ha sido la distribución de los recursos estatales, más concentrados en áreas urbanas, en detrimento de las rurales, que han dejado de lado aspectos como la educación bilingüe o la inversión social en regiones habitadas mayoritariamente por etnias mayas. También insuficiente asistencia técnica a comunidades históricamente pobres que con un profundo abandono de décadas se han quedado despobladas, debido a la migración o, peor aún, se han convertido en caldo de cultivo de criminalidad.

No solo la población indígena en su conjunto ha sido víctima de la marginación. Hay otros grupos específicos de población que se han visto, a su vez, en desventaja y cuyas características se entrecruzan, como ocurre con las mujeres mayas de escasos recursos, la niñez de áreas fronterizas, las familias campesinas que migran para trabajar y las adolescentes sin formación escolar o con escolaridad incompleta.

El pasado martes se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y por ello representantes de la Coordinadora y Convergencia de los Pueblos Indígenas presentaron en el Palacio Nacional de la Cultura un pliego de peticiones a los presidentes de los tres organismos del Estado, para que se atienda su problemática. Esto implica el respeto de sus derechos y aspiraciones, no solo básicos sino también aquellos relacionados con la participación política, el respeto a la cosmovisión y a la preservación de sus culturas.

Uno de los mayores focos de conflictividad en el país ha sido la poca o nula atención que las autoridades gubernamentales han puesto a los requerimientos de estas comunidades. Si bien no se puede llegar a compensar toda la deuda histórica, hay prioridades que deben trazarse de cara al futuro y una de estas es la educación, una de las primeras formas de exclusión que castiga más a las niñas indígenas del área rural.

Otro de estos desafíos urgentes y relevantes es el acceso a la salud preventiva, lo cual incluye el combate decidido a la desnutrición, no con un fin clientelar, sino con objetivos estratégicos y metodología sostenible, corregible y auditable. La solución de estas ausencias trasciende cualquier aspecto ideológico o de otro tipo, y queda en el básico e ineludible respeto a los derechos humanos.