SUCESOS COMO EL RENACER del Ministerio Público y el surgimiento de entidades como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala provocan la dolorosa sorpresa de comenzar a conocer el increíble estado de cosas en referencia a los abusos cometidos por quienes llegaron a un paroxismo de corrupción jamás imaginado. A esto se debe agregar el convencimiento de constituir una realidad, si bien presente en todas las épocas de la Guatemala republicana, aumentada de manera exponencial en las últimas décadas, sobre todo en el período de democracia electoral iniciado en 1985 y vigente durante toda la vida de la mitad de los guatemaltecos de hoy, cuyas vidas no han transcurrido dentro de una dictadura tradicional.

EN TODAS PARTES DEL mundo occidental se ven ejemplos de reacciones populares de hastío a los regímenes políticos de cualquier signo ideológico, cuyo elemento en común es el rechazo a la corrupción. Este fenómeno, si bien se refiere a aspectos puramente económicos, tiene en común un tácito rechazo a la falta de valores, o a la presencia de antivalores imposibles de aceptar y de justificar. Ello implica que muchas veces se debe tener una actitud de abierta exigencia a acciones éticas. Rechazar el robo de medicinas, o su pago a precios aumentados, no es un asunto económico, sino responde a una axiología, es decir al predominio de lo correcto sobre lo legal, aunque se puede explicar en términos legales.

ESTA SEMANA HAN SIDO conocidos pronunciamientos institucionales acerca de la imposibilidad de aceptar una aplicación no general para todos. Es una posición interesante porque implica, de hecho, olvidarse de un factor presente en la personalidad y en el inconsciente de los guatemaltecos. Este consiste en el aferrado convencimiento de dos factores: uno, la idea de ser de alguna manera inmune o a no estar incluido en el alcance de la ley, lo cual se facilita a consecuencia de la forma como deben actuar amigos y parientes cuando a causa de su trabajo pueden inclinar la balanza a favor de quien está relacionado con cada uno de nosotros. El segundo factor consiste en considerar desleal a quien no rompe o estira la ley a favor del amigo o el pariente.

LA COMPLACENCIA ANTE LOS abusos es otro factor contribuyente a esta actitud guatemalteca, aunque no exclusivamente nacional. Los corruptos, los abusadores, no tienen una vindicta pública ni privada. No recuerdo un solo caso de alguien dispuesto a no volver a invitar a su casa a algún corrupto, cuya malignidad se demuestra gracias a los súbitos y profundos cambios en su estándar de vida. La vergüenza pasa y el dinero queda en casa, dice el cínico refrán, y su aplicación es notoria en la sociedad del país en cualquiera de sus niveles. La corrupción, nunca rechazada a viva voz, sino solo a base de rumores, es premiada con la aceptación e incluso envidiada. No ser corrupto, lejos de ser criticado, es considerado prueba de estupidez o de inocencia.

LA INVESTIGACIÓN DEL MP Y LA CICIG no puede tener límites basados en el nivel de importancia social de quienes resulten involucrados en corrupción en cualquiera de sus formas y en cualquiera de las organizaciones sociales. Los pronunciamientos en este sentido no pueden realizarse sin analizar esta faceta, quienes los hayan redactado y apoyen tendrán el estigma de ser considerados traidores o malos e injustos. Pero ello no debe ser motivo para pensar en detenerse en esa batalla recién iniciada de manera inesperada. En este caso, no se pueden poner límites en el sentido de considerarlo excepciones a la regla. Eso es algo muy distinto a no considerar la necesidad de una priorización, porque el tiempo para tener resultados es corto, la posibilidad de actuar con celeridad es escasa.