Una vez el alud ha arrasado con una aldea, no tiene lógica centrar la discusión en quién empujó el primer bodoque de nieve en la cima de la montaña. Se debe centrar la tarea en las acciones necesarias para eliminar las condiciones previas a una nueva avalancha. La comparación con los sucesos de las últimas tres semanas resulta válida porque ahora se debe pensar en cómo eliminar las posibilidades de repetir lo ocurrido. Es indispensable entonces pensar en el listado de acciones, su importancia, el orden para solucionarlas y los cambios insoslayables. En este momento, cada día se materializan en el campo político sugerencias de todo tipo, desde las válidas y serenas, hasta las imposibles o inconvenientes de realizar, por la carencia de sustento.

Conforme pasan los días deben comenzar a ser tomadas en cuenta aquellas sugerencias serias y válidas, así como las meditaciones acerca de las consecuencias de llevar a cabo cualquiera de ellas. Uno de los principales errores es el de personificar las crisis: el retiro de una persona determinada y su cambio por otra, sin a la vez establecer criterios nuevos, no se logra nada si no hay cambios fundamentales. Ese es el caso de la presidencia guatemalteca actual. Es el responsable directo del alud político actual y su salida resulta merecida, pero no significará nada, pues su sucesor durará muy poco, por las mismas razones legales, y el Congreso, si es el mismo, sin duda elegirá a un binomio igual de malo, o peor, para las 77 semanas faltantes del cuatrienio actual.

Todo lo ocurrido ha hecho salir a la superficie la miríada de necesidades de cambio, pero la simple lógica señala la imposibilidad de arreglarlas, cambiarlas o sustituirlas todas al mismo tiempo. En este momento ya quedó claro el rechazo popular, y toca entonces comenzar el cambio al Congreso, para lo cual se vuelve de fundamental importancia la tarea del Tribunal Supremo Electoral, de donde debe emanar el proyecto de cambios a las elecciones desarrollado luego de un consenso organizado por un grupo de personas –impar, no más de cinco— cuya tarea sea la de recibir y precalificar las sugerencias ahora presentadas en tropel por entidades entre las cuales algunas no tienen existencia jurídica y constituyen el resultado de grupos desconocidos.

Desde hace años existen sugerencias de cambios constitucionales apoyadas en determinados casos por miles de ciudadanos. Son válidas porque tienen la representatividad otorgada por el número, pero en este momento el orden de cambios debe comenzar con el andamiaje legal de las elecciones y los de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se debe comenzar por el principio. El Tribunal Supremo Electoral debe utilizar su poder, como lo hizo —por ejemplo— cuando desintegró a las hordas apodadas Líder y Patriota. Los dos siguientes deben ser la UNE y el FCN-Nación, cuyas marrullerías son de campeonato. Cualquier pretexto para dejarlos flotando en el mar de la política nacional sólo puede ser interpretado como una manera de proteger a malévolos.

Ante el hundimiento del Organismo Ejecutivo, es urgente convocar a sectores nacionales, eliminando, claro está, a los politiqueros, para preparar los cambios en las condiciones necesarias para fundar un verdadero partido y participar como candidato. Limitar los derechos políticos no debe asustar a nadie: la mayoría de la población tiene menos de 40 años y por eso no puede estar entre los aspirantes. Las libertades políticas, a causa del libertinaje, necesitan ser enmarcadas. Por aparte, la tarea del Congreso debe ser aprobar lo decidido por verdaderos representantes sociales. No tiene precedente la situación actual y por ello tampoco se puede recurrir a la teoría para buscar soluciones, sino a la buena voluntad y a principios de corrección, aunque parezca utópico, pero no es imposible.