En Venezuela, la oposición democrática (MUD) ha aceptado negociar con el Gobierno porque así se lo solicitó toda la comunidad internacional: la Santa Sede, los EE. UU., la Unión Europea, Canadá, todos los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, la ONU, la OEA, UNASUR, la Unión Interparlamentaria y pare usted de contar.

Fue la MUD la que pidió formalmente a la Santa Sede incorporarse al proceso iniciado por UNASUR y la OEA y, por tanto, no podía rehusarse a participar una vez que el Vaticano fue incorporado al proceso. El rechazo a negociar hubiese significado no sólo despreciar a la comunidad internacional, y en particular a la Santa Sede, sino permitir al Gobierno denunciar “urbi et orbi” que la MUD se oponía a una solución pacífica, constitucional y democrática de la crisis, y que su objetivo real era la violencia golpista.

Hay que entender que para la MUD son indispensables su unidad sustancial y el apoyo de la comunidad internacional. Digo sustancial, porque puede perfectamente haber diferencias tácticas, pero debe mantenerse la unidad en la estrategia, que debe tener como objetivo fundamental el cambio de gobierno. A la oposición le interesa sobremanera que si el proceso de negociación fracasase, le quede muy claro a la comunidad internacional que es el Gobierno quien se opone a una solución pacífica y negociada de la crisis.

Ahora bien, se dialoga para negociar y la teoría de la negociación nos dice que se trata de un proceso de decisión interdependiente, y que se negocia para obtener algo mejor de lo que se puede obtener sin negociar. Por tanto, en la oposición los sectores que creen que el Gobierno está tan débil que está a punto de caer, y que sólo se necesita un “empujón”, se oponen a la negociación. En cambio, los que aprecian que el Gobierno se ha debilitado de manera sustancial, económica y electoralmente, pero que tiene a su disposición, por ahora, el control del uso de la violencia legítima y no legítima, consideran que a este régimen, que no respeta la Constitución, el estado de Derecho y las reglas básicas de la democracia, no se le puede imponer una salida sin algún tipo de concesiones, comot, por ejemplo, garantías individuales y familiares de no retaliación.

El revocatorio es un derecho constitucional que el Gobierno está decidido a impedir porque lo entiende como una rendición incondicional. Pero la oposición debería recordar que el objetivo es el cambio de gobierno en un tiempo corto aceptable, no el revocatorio. Es improbable, pero no impensable, dados el gravísimo y creciente deterioro de la situación socioeconómica y el fortalecimiento de la disidencia en el chavismo, que con la presión internacional y la movilización de “calle”, se pueda obtener, negociando, un Tribunal Supremo y un Consejo Nacional Electoral equilibrados, el respeto a la Constitución y, sobre todo, a los poderes y funciones de la Asamblea Nacional, la libertad de los presos políticos y unas elecciones anticipadas o una renuncia acordada, en una fecha a negociar en el 2017.Todo esto a cambio de las mencionadas garantías y de aprobar en la Asamblea Nacional la necesaria solicitud de apoyo financiero internacional para evitar el colapso socioeconómico.

@sadiocaracas