La fortaleza del chavismo se basó en tres pilares: el carisma del caudillo, la chequera petrolera abundante y sostenida en el tiempo y el apoyo popular mayoritario. Ya no existen. Después de 17 años implementando un modelo socioeconómico basado en “ideas muertas”, que ha acabado con la producción nacional, el país sufre una acelerada y profunda crisis económica y social, acompañada de una grave crisis política, causada fundamentalmente por la decisión del Gobierno de desconocer las funciones y poderes de la Asamblea Nacional, violando descaradamente la Constitución e irrespetando la mayoritaria voluntad popular, expresada abrumadoramente en las elecciones del 6 de diciembre. El residual poder del Gobierno está en el control de las demás instituciones del Estado, en particular el Tribunal Supremo y la Fuerza Armada.

Sin embargo, la pérdida del apoyo popular y el irrespeto a la Constitución debilitan fuertemente la legitimidad del régimen, que aunada a la aceleración de la crisis socioeconómica inicia un proceso de “deslave” en el apoyo al Gobierno en la Fuerza Armada y en las demás instituciones del Estado. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) considera que la solución de las crisis pasa por el cambio de gobierno, que surgiría por la activación del derecho constitucional de revocar el mandato del presidente.

La comunidad internacional, incluyendo a EE. UU., la OEA, la ONU, la S. Sede, Cuba y China, preocupada por la grave situación venezolana, apoya una solución a través del “diálogo”, un eufemismo por negociación. Hay negociación posible cuando las partes consideran que negociando se puede lograr algo mejor de lo que se puede obtener sin negociar. La negociación es un proceso de decisión interdependiente, en la cual los resultados para cada parte dependen no solo de su propia acción, sino de lo que haga, deje de hacer o se piense que vaya a hacer el “otro”. La oposición, públicamente, ha puesto cuatro condiciones para negociar: revocatorio en el 2016, liberación de los reos políticos, respeto de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y permitir ayuda humanitaria. A la luz de la teoría de la negociación, frente a esas condiciones, difícilmente el Gobierno puede pensar que obtendrá algo mejor de lo que tiene sin negociar. Lo que necesita con urgencia es financiamiento y parece que ni China está dispuesta a darlo sin la aprobación del crédito por la Asamblea. Además, se sabe que el chavismo no es monolítico.

Hay un sector que cree posible ganar el referendo revocatorio, promoviendo la abstención de sus seguidores, acabando por tanto con el secreto del voto, siempre y cuando se logre paliar la crisis socioeconómica a través de un financiamiento internacional. Hay otro sector decidido a usar su capacidad cierta de retrasar el revocatorio para el 2017 y así, en caso de perderlo, tener al vicepresidente de turno como jefe de Estado hasta 2019. Aun cuando pocos creen en la estabilidad y gobernabilidad de un presidente no electo, con la voluntad popular mayoritaria en contra y en medio de un desastre socioeconómico. Finalmente hay un grupo minoritario que piensa que entregar el Gobierno a la oposición, vía referendo o renuncia, por los dos años que quedan de mandato, sería la mejor opción para mantener el movimiento político chavista en el futuro, tomando en cuenta las enormes dificultades que tendrá que enfrentar el próximo gobierno.

La MUD debe insistir en el derecho de activar el revocatorio, a través de la movilización y organización de los ciudadanos, pero lo ideal para el bien del país sería la renuncia negociada de Maduro y la formación de un gobierno de Unidad y Salvación Nacional, presidido por una personalidad como Valentín Paniagua, el presidente interino del Perú tras la salida de Fujimori, sin posibilidad de reelegirse.

@sadiocaracas