Con Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, medio gabinete de uno de los peores gobiernos y una alta cantidad de diputados tras las rejas, en fuga o con acusaciones de corrupción, ahora se agregan dos de los políticos más inescrupulosos de los últimos años, según el cuadro presentado ayer por el Ministerio Publico y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la primera fase del caso Odebrecht.

Alejandro Sinibaldi y Manuel Antonio Baldizón Méndez son señalados de ser los máximos negociadores y beneficiarios de uno de los contratos más oprobiosos en la infraestructura pública nacional, como fue incluso la aprobación de un decreto específico para permitir la construcción de un tramo carretero que ahora está en el abandono.

El solo hecho de repartir coimas por alrededor de unos 150 millones de quetzales denota los niveles de convencimiento en la impunidad de los dos aspirantes a la Presidencia de las dos últimas contiendas electorales, acompañados de escandalosos niveles de ambición desbocada e inescrupulosa para gestionar sobornos a cambio de favores.

La conferencia de prensa ofrecida ayer por los titulares del MP y la Cicig revelan una trama de dos aspirantes presidenciales, de empresarios nacionales e internacionales, abogados y otros funcionarios para repartir coimas, con la promesa de incidir de manera favorable para una empresa que sería beneficiada con un contrato millonario.

Eso hizo Sinibaldi, cuando en el 2011 inició las negociaciones con Odebrecht, lo cual se materializó en los meses siguientes, cuando la aplanadora conformada por los extintos partidos Patriota y Líder aprobó en poco más de media hora un oneroso contrato que tenía una clara dedicatoria para la construcción y el financiamiento.

Baldizón actuó con el mismo descaro en la campaña siguiente, al negociar con dos representantes de Odebrecht, uno saliente y otro entrante, un nuevo soborno a cambio de nuevos beneficios, con el argumento de que él sería el presidente electo en los comicios del 2015, lo que se convirtió no solo en un fiasco para él y su círculo de diputados tránsfugas, sino también en el punto de partida de una escapatoria que terminó el sábado pasado, con su detención en Estados Unidos.

El cuadro de perversidad se complementa con la participación de quien fuera el secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, el empresario Arturo Batres Gil —prófugo—, sindicado de haber recibido sobornos por al menos cuatro millones de dólares, y aunque no se profundizó en el destino del dinero, es fácil imaginarlo.

Para quienes todavía tienen alguna duda de cómo se pagan los sobornos y cuál es el origen de los recursos, el caso Odebrecht ilustra el descarado mecanismo utilizado por extorsionistas de cuello blanco, pues el reparto de alrededor de 150 millones de quetzales en coimas a burócratas, políticos y diputados guatemaltecos dio inicio cuando Guatemala empezó a hacer efectivos los pagos a la constructora brasileña.

Con su anuncio de nuevas revelaciones para hoy, el MP y la Cicig mantienen el interés de quienes están a la expectativa de nuevos avances contra la corrupción.