Los escenarios que se han ido construyendo en el país debido a las distintas problemáticas estructurales irresueltas que generan conflictos, cuyos resultados en ocasiones son impredecibles, demandan, entre otras cosas, que los entes del Estado encargados de la seguridad respondan de manera eficaz dando cumplimiento a sus deberes constitucionales. Sin embargo, en el Ministerio de Gobernación y en la Presidencia, los funcionarios se hacen los desentendidos cuando exigimos que se cumpla con compromisos de Estado.

El Índice Mundial de Paz 2012 situó a Guatemala entre las naciones más violentas de América, ocupando el puesto 124 a nivel mundial y siendo únicamente superada por Honduras (129), México (135) y Colombia (144). El documento detalla que en Guatemala son notables las grandes cantidades de asesinatos, los hechos de violencia, la importación de armas de fuego, así como el hacinamiento de reos en todos los penales. A nivel centroamericano el país está solo por delante de Honduras. Guatemala había ocupado en el 2007 el lugar 39; en el 2008, el 103; en el 2009 y 2010, el 110; y en 2011, el 126.

Datos recientes de la organización Seguridad, Justicia y Paz, de México, ubican a Guatemala en el octavo lugar de las ciudades más violentas del mundo. Ahora se dice que, además de ser la más fea del mundo, es la más violenta, junto a San Pedro Sula, Honduras; Caracas, Venezuela; y Cali, Colombia, lo que nos provoca una profunda tristeza, además de la preocupación de ser, cada uno de nosotros, la siguiente víctima en esta desenfrenada violencia.

Otro referente es el Índice de Paz Global, que se elabora con la colaboración de un panel internacional de expertos provenientes de centros de pensamiento e instituciones internacionales que analizan aspectos relacionados con seguridad y paz.

Para el 2017, Guatemala obtuvo una puntuación de 2.245 y se posicionó en el puesto 117 de 163 países evaluados. Según el informe, el costo económico de la violencia para Guatemala es de US$20,804 millones, que equivalen al 15.4% del PIB y a US$1,248 por persona (PIB per cápita). A nivel latinoamericano, Chile cuenta con el mejor puntaje y se ubica en el puesto 24, de 163 países, mientras que Guatemala se posicionó entre los últimos cuatro países peor evaluados, seguido por México (142), Venezuela (143) y Colombia (146).

Y es en ese contexto donde la prensa desempeña su labor profesional, es con esos terribles datos e indicadores que se producen los servicios informativos. Uno de los grupos vulnerables que han sido severamente afectados es la prensa. Del año 2000 a la fecha, 36 periodistas han sido asesinados. Desde que Guatemala pasó el examen periódico universal (EPU/2012), 19 periodistas perdieron la vida en forma violenta, entre ellos dos mujeres. Todos los crímenes, salvo uno, han ocurrido en los departamentos, que es donde el gremio afronta los mayores riesgos. En las últimas semanas un comunicador fue asesinado con saña y en redes sociales se ha estado intimidando a periodistas y medios de comunicación.

Hay interés en silenciar a la prensa, de intentar desprestigiarla, de pretender intimidarla y de generar una ambiente de psicosis entre el gremio, y si a esto agregamos que estamos entre los dos países más peligros para ejercer el periodismo, México, que es el más mortífero, y Honduras, el Estado debería estar preocupado de honrar los compromisos que ha asumido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de crear un Programa de Protección a Periodistas.

No hay voluntad política. Tendremos, de nuevo, que recurrir a otras instancias.

iliaalamilla@gmail.com