Nos enteramos de las terribles deudas de ciertos ministerios, y las nuevas autoridades, ya están en la negociación de la deuda, nada menos que con el Congreso, el Maga, Salud, Mineco y Minfin estarán pensando cómo salen del problema y esperamos que no sea con soluciones tipo PP, UNE o Líder, que sin duda los llevarían a meterse en un callejón sin salida.

Los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores no están claros y antes de determinar la cantidad de los pagos a tal o cual empresa se debería hacer un auditoría forense de las obras realizadas, para ver si los montos de las mismas están dentro de los parámetros de los costos reales, ver si realmente se ejecutaron o sencillamente se quedaron en la marimba de la inauguración.

Ahora resulta que de nuevo son necesarios bonos, para completar programas, algunos necesarios y otros clientelares, tipo fertilizantes y bolsa solidaria. Hoy nos enteramos de que despedirán en el programa de resarcimiento a cien empleados, pues de los 25 millones, cinco son para sueldos. ¿Qué tal?

Los bonos tienen un componente para inversión, o sea que el Presupuesto General de la Nación queda en el olvido, y si la recaudación no era la esperada, se debería hablar de reducción del gasto y no de entrar a generar más deuda.

Los gastos superfluos van en aumento, cada día hay más vehículos de lujo al servicio de los funcionarios públicos, más asesores que no asesoran, más viajes y más seguridad para ellos y sus familiares, mientras el sector productivo y consumidor tiene que pagar de su bolsillo la seguridad que el Estado es incapaz de brindarle.

Pero además, el Congreso afronta posibles peligros, que verdaderamente podrían poner más en riesgo el ya casi colapsado estado de Derecho.

Lamentable y preocupante. Se rumora que podría estarse trabajando una sentencia que dictamine con lugar que las leyes aprobadas por el Congreso no son válidas sin una previa consulta popular, vinculante, por lo que esto sería gravísimo, pues se desconocería por completo el proceso de sanción y formación de las leyes en Guatemala y la representación del pueblo otorgada al Congreso. Esto en dos platos sería destruir el sistema y el precario estado de Derecho guatemalteco.

De la misma manera, el Estado gasta y decide cuánto tendrán que pagar los contribuyentes por el irresponsable manejo del gasto público. La fiscalización solo le cae a los grandes contribuyentes, pero al Estado y a algunos oenegeros que desvían fondos para sus propios intereses políticos, no. Allí siguen las ONG, recibiendo millones. Por ejemplo, en el 2015 la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambientales en Guatemala recibió sin resultados de la comisión liquidadora e investigadora en 2015, Q18, 600,000; en el 2016, la misma cantidad, ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron? Leer en la pagina del Minfin las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. No. 11130018, donde aparecen en el rubro 435 las transferencias a otras instituciones sin fines de lucro. Entren a esa página y se sorprenderán.

La Semana Santa desnudó el pésimo estado de carreteras y puentes. Los veraneantes destruyeron llantas, amortiguadores y motores al pasar por carreteras que fueron pagadas y otras que son de gran utilidad, pero nunca terminadas; los funcionarios de ayer y los de hoy seguirán sin condena. Los bonos para deuda, la banca local los absorberá, como casi siempre es, pero lo que sí sabemos es que seremos los contribuyentes los que pagaremos la deuda flotante y todas las demás deudas sin poder decir “yo no me endeudé y no pago”.

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