Debo reconocerlo: me afectan de manera muy profunda los dramas protagonizados por niños. Me duele la muerte infantil a causa de la desnutrición. No puede ser posible… son efecto del subdesarrollo, de la corrupción, en muchos casos de la irresponsabilidad paternal o maternal. Cuando son víctimas de la violencia de cualquier tipo, sobre todo hogareña, lo considero como muestra de inhumanidad. Los casos de infantes cuyos padres se ven obligados a llevarlos con ellos para lanzarse a la demasiadas veces mortal aventura de la búsqueda del “sueño americano”, los  califico, por ser así, prueba de pobreza y desilusión extremas, de la desesperación, de la falta de oportunidades y sobre todo del desinterés total de la sociedad en su conjunto.

Siempre he pensado y confiado en las innegables cualidades de un gran porcentaje de la población estadounidense. Son buenas personas y he tenido oportunidad de conocer a docenas de ellas en general bien intencionadas, deseosas de dar colaboración desinteresada al prójimo. Pero no es el caso de los gobiernos ni de los políticos o algunos grupos económicos. En los últimos meses, las órdenes presidenciales contra los inmigrantes indocumentados, cuya situación legalmente irregular es evidente, han desatado acciones inaceptables del personal de las instituciones relacionadas con migración. Quienes crecimos considerando a ese país un lugar donde caer en manos de la autoridad no debía provocar temor a la integridad física de nadie, debemos cambiar nuestra percepción, tal criterio se va desvaneciendo.

Las autoridades policiales de cualquier país desarrollado son severas y duras con aquellas personas acusadas de actos criminales. Pero no todos los actos ilegales son crímenes: muchos son delitos, los cuales no necesariamente implican violencia. A esto se agrega la evidente imposibilidad, por derechos humanos, de separar a familias, sobre todo a padres o madres de sus hijos. Increíblemente, esto no solo es realizado en territorio estadounidense, sino niños de pocos años son llevados a albergues situados a veces a miles de kilómetros de distancia. Un delito cometido por los padres —adultos— es pagado por inocentes infantes. El paroxismo de esta locura es la muerte de dos niños guatemaltecos mientras estaban bajo la responsabilidad de las autoridades de Estados Unidos.

Ha habido protestas en grupos estadounidenses de derechos civiles, pero insuficientes. La cancillería, muy tímidamente, se ha manifestado. Y es aterrador el silencio de Jimmy Morales, tan aficionado a hablar sobre sobre temas de interés para él. Dos niños muertos y una jovencita asesinada por policías de Texas no despiertan el interés presidencial. Yo espero información pública de la embajada estadounidense, así como campañas masivas de información de los peligros del viaje, ahora complementados por el riesgo de ser capturado, incluyendo los niños. Espero reclamos de grupos religiosos, sobre todo los calificados de cristianos, En general, la voz de los guatemaltecos con un tema: los inmigrantes indocumentados tienen derechos humanos.

No quiero, no debo, no puedo, aceptar esa lógica inhumana. Cometer un delito es motivo suficiente para, prácticamente, aplicar una pena de muerte. No es posible. Y se debe dejar claro algo: senadores y congresistas republicanos —especialmente—, pero también demócratas, deben luchar porque órdenes irreflexivas para detener la migración, una tarea imposible porque es un efecto, provoquen esto indirectamente. La solución requiere de medidas fundamentalmente económicas. Tampoco voy a tratar de entender la lógica de tirar a la basura miles de millones de dólares en un muro inútil y mantener miles de soldados y policías, en vez de beneficiar tanto a los países exportadores de inmigrantes como al receptor. Y, obviamente, luchar porque cese la necesidad de lanzarse en el viaje de la muerte.