¿Quién no quiere que la justicia sea pronta y cumplida? ¿Quién no quiere que las víctimas de un delito tan serio como violación o trata de personas, sobre todo si son niñas, niños o adolescentes, sean atendidas debida y eficientemente por el sistema judicial, que tiene la obligación de asistirles? Levanto la mano por ello. Pero no se vale castigar y hacer invisible —una vez más— a la víctima, sobre todo si es una persona menor de edad, por el simple hecho de querer reducir la mora judicial.

No todas las buenas intenciones se traducen en buenas propuestas de ley. Estoy hablando de la iniciativa 5385, Ley de procedimiento alternativo para la sanción y resolución de procesos de violencia sexual, explotación y trata de personas, que ya pasó en segunda lectura en el Congreso y tiene apoyos importantes. Lo que no sé es si quienes la apoyan la han leído y analizado en serio, en el contexto de la sociedad que somos.

En la parte del último dictamen, que habla sobre el contenido y finalidad de la iniciativa, dice que con ella se “pretende establecer procedimientos alternativos al procedimiento común para resolver casos de violencia sexual, explotación y trata de personas mediante una sentencia en plazos mucho más cortos a los que se tienen el día de hoy, sin descuidar la atención de la víctima y garantizando el ejercicio de sus legítimas pretensiones de reparación digna y restitución”. Así de bonito, debería ser un deber humano aprobarla, si no fuera porque en sus 13 artículos plantea una serie de contradicciones e inconstitucionalidades que desvirtúan este buen propósito y castigan a la víctima.

Para comenzar, la mora judicial es un problema asociado a todos los delitos. Entonces, ¿por qué iniciar por violencia sexual y trata, delitos ante los cuales hay que tomar mucho más en cuenta que en otros la restitución de derechos a las víctimas, que en la mayoría de los casos son niñas, niños, adolescentes y mujeres? Cuánto han costado las leyes específicas para que vengan y las quieran “reformar” poniendo el retroceso como velocidad. En un comunicado que ya ha empezado a circular se señala que “es violatoria a los derechos de las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas porque el contenido y espíritu de la iniciativa de ley se traduce en una arremetida en contra de las categorías protegidas que conforman el núcleo duro de derechos humanos, dentro de ellos la vida, la dignidad, la justicia y el desarrollo integral de las personas”.

Esta iniciativa hace más rápido el proceso, es cierto, y las víctimas tienen menos veces que declarar en las instancias de justicia, pero se propone que si el agresor reconoce su culpa, no solo se puede disminuir la pena, sino incluso ordenar que la sentencia se disminuya en un tercio de lo que el juez haya establecido. Imagino a las niñas, niños y adolescentes frente a su padrastro violador o de cara a los tratantes, sabiendo que estarán cerca de o en su casa en menos de lo que canta un gallo.

Me sumo a las voces de abogadas y abogados, mujeres organizadas e instituciones que recientemente han analizado la iniciativa desde lo legal, lo victimológico y lo político. Con esta iniciativa se violentan principios procesales (como el de legalidad, debido proceso y otros), además de que no se desarrolla a partir de un enfoque victimológico. Y cuando delega funciones en el Instituto para la Víctima, solo recordamos que este ente nació muerto y que no ha habido siquiera la capacidad del Estado para ponerlo en modo de respirador artificial.

La iniciativa pasa encima de leyes de mayor rango que equiparan a la víctima en un proceso penal, marginalizándola. Habla de procedimientos sin desarrollar las reglas del juego. Violenta instrumentos internacionales que el Estado de Guatemala ha ratificado, y lo único positivo que podría tener es la aceptación de cargos de parte del agresor, pero de nuevo pone la mirada en el agresor y no en la víctima. Justicia pronta y cumplida sí, pero a este costo, no.

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