Aunque ahora se han vuelto esporádicos, y quizá por ello también vuelven a ser sorpresivos, ayer se produjo un nuevo “Jueves de Cicig”, lo que implica otro embate contra personas, entidades o agrupaciones presuntamente vinculadas con la cuestionada práctica de financiar a los políticos guatemaltecos.

En este nuevo caso, ayer fueron allanadas varias oficinas de la empresa local de telefonía Tigo, subsidiaria de la empresa inglesa Millicom International Cellular. Hasta ahora las informaciones son escuetas, pues el encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Franciso Sandoval, declaró que se trataba de un operativo en búsqueda de pruebas documentales de investigaciones en proceso y que no hay capturas de por medio.

En esencia, este caso, también bajo la conducción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), busca desentrañar los alcances e ilegalidades de financiamiento otorgados por grandes empresarios a los partidos políticos en las anteriores campañas electorales, concretamente al Partido Patriota, cuyo millonario aporte habrían hecho tanto Tigo como Claro.

El otro detalle que afloró lo brindó la fiscal general, Thelma Aldana, quien declaró que los allanamientos tienen que ver con la declaración del colaborador eficaz Julio Porras Zadik, quien cuando fungió como gerente de Telgua-Claro —propiedad de América Móvil— habría participado en el desembolso a la campaña patriotista.

Las investigaciones se encargarán de dilucidar los pormenores de este nuevo caso de financiamiento electoral, cuyos montos, unos 15 millones de quetzales, todavía sorprenden. El MP señala a Julio Ligorría, sobre quien también pesa una orden de extradición desde España, por haber participado en una forma de beneficiar a ambas empresas para dirimir otros asuntos legales por la vía de financiar a políticos que ahora se encuentran tras las rejas.

Estos nuevos allanamientos abren la oportunidad para la justicia y para quienes resulten sindicados de esclarecer los señalamientos de uno de los mayores males de la política nacional, como es el financiamiento electoral ilícito, un delito por el cual numerosos políticos, entre ellos el presidente Jimmy Morales, junto a otros empresarios se encuentran bajo investigación.

Lo cierto es que esta ha sido una de las modalidades de influir de manera determinante en quienes a través de los votos buscan ocupar los más altos cargos de poder, y cuando lo logran se dejan envolver ingenua o descaradamente en una trampa que compromete su gestión y cualquier posibilidad de actuar con independencia ante temas o decisiones de trascendencia en los que podrían resultar beneficiados o perjudicados los financistas.

Este puede ser uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción, pues por primera vez firmas vinculadas con empresarios poderosos como Mario López Estrada, de Tigo, y Carlos Slim, de Claro, aparecen en los radares de fiscales que libran una batalla contra quienes podrían estar involucrados en el financiamiento irregular a la clase política, el cáncer de la democracia guatemalteca, como lo calificó el comisionado Iván Velásquez.