Debe ser rechazado en forma categórica el nuevo intento del gobierno encabezado por Jimmy Morales de procesar penalmente a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por constituir un peligroso precedente para todo fortalecimiento de la institucionalidad y porque quienes impulsan la acción están comandados por alguien señalado de ser el centro de casos de corrupción.

A pesar de que a lo largo de su historia la CC ha tomado varias decisiones cuestionables, han sido obedecidas por los afectados y los beneficiados, como debe ser. La acción gubernamental constituye un atentado contra el estado de legalidad. No se puede permitir que el Ejecutivo pretenda convertirse en el máximo intérprete de la Constitución, porque se convierte en un modelo totalitario; es decir que solo acepta la aplicación irrestricta de sus propias reglas.

El Gobierno se está convirtiendo en un peligroso y tortuoso intérprete del espíritu de la Carta Magna, y eso elimina de un manotazo cualquier equilibrio de poder o de sujeción a las leyes por los políticos, quienes con su perverso proceder quieren ser juez y parte de investigaciones y procesos encaminados a esclarecer casos de corrupción.

El presidente Morales es uno de los señalados, y si las investigaciones no han avanzado en su contra es porque en dos ocasiones lo ha protegido el Congreso, otro nido de corrupción, irrespeto y abuso de poder, donde el mandatario espera encontrar aliados en su ansia por la dañina e ilegal impunidad.

Desde la llegada de Morales al poder se ha buscado violentar el espíritu de las leyes, más aún desde el momento en que él fue señalado de haber recibido financiamiento electoral ilícito y cuando dos de sus parientes fueron relacionados en otro caso de corrupción.

Esos hechos deberían ser suficientes para que el presidente olvide cualquier intento por entorpecer las investigaciones y evite intentar convertirse en una mala copia de los tiranos latinoamericanos de la actualidad, que pretenden erigirse en la máxima expresión de un Estado, porque eso anula la institucionalidad y los convierte en sátrapas.

Este gobierno se ha caracterizado por las constantes burlas a las leyes y el mismo procurador general de la Nación debe tener claro que se está extralimitando en sus funciones, pues el cargo que ocupa no lo obliga a someterse a la voluntad de un político, por ser muestra grotesca de abuso de poder y conflicto de intereses.

Este gobierno está profundizando la peor crisis por la que ha atravesado Guatemala, debido a la resistencia a los avances en la investigación criminal, y para ello ha contado con la complicidad de funcionarios serviles que se consideran superiores a la ley, lo cual no debe quedar sin consecuencias legales para todos los involucrados.

El osado gobernante sin duda complicará el panorama, sobre todo para él y sus más cercanos colaboradores, porque su ilegal proceder debe someterse a la justicia y dejar de interferir en las investigaciones. Más repudiable es que se intente con esta medida buscar respaldo con las mafias responsables del subdesarrollo, que junto a la corrupción son la principal causa de la incontenible migración irregular.