Desde que Álvaro Arzú se dedicó a piñatizar muchos de los valiosos bienes del Estado, prevalece la idea de que al Gobierno se llega para aprovecharse de los recursos y que de ello se benefician los más cercanos colaboradores, algunos empresarios y testaferros, quienes han contribuido de manera significativa al estancamiento del desarrollo nacional.

Ese criterio prevalece y por eso despierta suspicacias y polémica cuando se anuncia la concesión de terrenos o bienes nacionales para la administración de la iniciativa privada. También persiste la duda sobre los beneficios de tales proyectos, que se vuelven espurios cuando pasan los años y se hacen escurridizos.

Esa ha sido la tónica de los últimos gobiernos, hacerse con el poder y por medio de funcionarios venales muchos se han dedicado a trabajar por el bienestar de determinados grupos o de testaferros que les ayudan a ocultar recursos financieros por medio de empresas de cartón, como ahora también se sabe que sucedió en la anterior administración.

A ello se debe que cada vez que algún funcionario menciona que se deben privatizar servicios o bienes, surge la duda sobre el verdadero propósito y alcances de esas propuestas. Muchas veces se piensa y luego se comprueba que estas no han sido debidamente meditadas o por lo menos no se conocen plenamente los potenciales beneficios que pueden traer a la mayor cantidad de sectores.

Eso fue lo que ocurrió en torno a la construcción de un complejo de edificios en los terrenos de lo que fuera la estación central del ferrocarril. El proyecto iba sobre ruedas y sus impulsores habían alcanzado bastantes avances hasta que sectores calificados levantaron la voz de protesta en contra de la obra, que lejos de mejorar las condiciones para una parte de la burocracia podía ser desastrosa para miles de personas.

Ahora surge desde el Ministerio de Economía una iniciativa orientada a construir un centro de convenciones en una parte del terreno que actualmente ocupa el Parque de la Industria, aunque ya comenzaron a surgir voces de rechazo, provenientes de los actuales administradores del lugar. Es conveniente escuchar los criterios tanto de ellos como de quienes han abierto la posibilidad para que inversionistas privados, locales o foráneos, manifiesten interés, y también de aquellas personas y entidades que deseen conocer los beneficios específicos que la obra tendría para el país y el Estado.

El debate público y sin ocultamientos es conveniente y necesario. Las convenciones constituyen una fuente de ingresos turísticos muy importante, y por ello en varios países del área latinoamericana se han ejecutado proyectos similares, sobre todo en aquellos donde ya se tiene buena parte de la estructura para atender a visitantes extranjeros.

Entre los criterios que se deben tomar en cuenta antes de ejecutar un proyecto como ese está la preservación de bienes patrimoniales que existen en ese parque, y que no todo quede en una disputa sectorial sobre esta concesión, la cual debe ser transparente y resultado de propuestas específicas, previo a decidir si el proyecto beneficiará a la lucrativa industria del turismo de convenciones, que ya tiene una fuerte presencia en Guatemala.