No puede haber nada más nocivo para una democracia que ver a esbirros disfrazados de funcionarios actuando al servicio de aprendices de dictadores, quienes en abierto desafío a la voluntad popular pretenden anular las instituciones con el único objetivo de aferrarse al poder de manera arbitraria y vergonzosa.

Ese es el cuadro que retrata la actual Venezuela de Nicolás Maduro y su cohorte de servidores, quienes por medio del Tribunal Supremo de Justicia se empeñan esta vez en suplantar las funciones de la Asamblea Nacional (Congreso), en una medida aberrante, contraria a la voluntad popular expresada en las urnas, que apunta al fortalecimiento por medios ilegítimos de un poder debilitado por la peor crisis en la historia de ese país.

Con esas medidas desesperadas, el gobierno de Maduro solo estaría acelerando su caída, pues finalmente ha logrado unir en su contra a la mayoría de democracias latinoamericanas, que ven en este golpe a la institucionalidad un vano intento por anular a un congreso mayoritariamente opositor, electo precisamente de esa manera para equilibrar los poderes.

El predominio opositor en la Asamblea era visto como el preámbulo de un relevo en el madurismo, y ante esos temores es que un grupo de funcionarios serviles se ha prestado a contradecir el rumbo de la historia, pues la sostenibilidad de Nicolás Maduro es ahora más precaria y sus acciones pueden ser menos toleradas, por tan burdo abuso de poder.

El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó la acción de un autogolpe y que con ello se habrían cumplido los temores expresados sobre el futuro de Venezuela, que ahora ponen a ese organismo ante la tarea de actuar de manera inmediata y decidida para no permitir que ningún aprendiz de dictador se burle de la voluntad popular y sin el menor apoyo de la población pueda entorpecer el destino de un país.

La OEA puede hacer mucho en ese sentido, y lo más prudente y necesario es aplicar la Carta Democrática Interamericana para revertir el rompimiento constitucional, pero a esa tarea también deben sumarse más gobernantes y rechazar las pretensiones autoritarias de la cúpula de poder, porque la situación en ese país es muy precaria y puede ser catastrófico para miles de venezolanos si no se frena pronto la desmedida ambición del madurismo.

Lo acontecido en Venezuela en las últimas horas constituye una nueva afrenta a los principios democráticos, porque de permitirse esto se estaría aceptando la posibilidad de que otros poderes del Estado se sometan a la voluntad de una persona, y de eso todos los latinoamericanos estamos hartos.

La decisión sobre el futuro de un país y sus instituciones no puede quedar en manos de un grupúsculo de funcionarios serviles, y por ello se debe exigir el cese inmediato de la injerencia madurista en el Poder Legislativo venezolano, porque no es la vía para resolver la seria crisis que afronta el país y en todo caso solo agravará la situación. Cualquier retroceso en la democratización puede tener a su vez indeseables consecuencias para el Hemisferio, donde el rompimiento constitucional era algo del pasado.