Recién acaban de iniciar las negociaciones entre Manuel Baldizón y la justicia estadounidense y en Guatemala también han empezado las pesquisas del Ministerio Público contra personas y empresas señaladas de haber financiado de manera ilícita, con fondos estatales, al desaparecido partido Líder, propiedad del político, ahora preso en Estados Unidos.

En realidad, de momento no existe ninguna conexión entre los ofrecimientos de Baldizón para ser beneficiado con arresto domiciliario en Estados Unidos y lo que ocurre aquí, con las capturas de personas vinculadas con el uso de recursos del Estado para favorecer la campaña electoral de Líder en 2015. En este nuevo caso fueron detenidas cuatro personas, quienes enfrentan cargos de delitos electorales y lavado de dinero y también se anunció la orden de captura contra Baldizón.

Una de las modalidades utilizadas por este grupo fue establecer varias empresas, una de ellas Proyectos Habitacionales Praga, inscrita en la mansión del político y cuyos detalles dieron a conocer Prensa Libre y Guatevisión en septiembre pasado, cuando autoridades del Ministerio Público allanaron el inmueble y decomisaron vehículos y otros valores.

El hecho más vergonzoso de este caso es que sigue la modalidad de lo que ha ocurrido en Guatemala durante las últimas décadas, consistente en que políticos desde el Congreso adecúan rubros del presupuesto de gastos para asignárselo a empresas, oenegés y otras entidades cercanas, de las cuales luego reciben parte de esos recursos en forma de financiamiento electoral.

Cuando Manuel Baldizón integró el Congreso, uno de sus objetivos fue presidir la Comisión de Finanzas, desde la cual se planificaban las asignaciones presupuestarias. Una de esas modalidades fue un millonario subsidio otorgado al transporte urbano, que recibía el empresario Luis Gómez, quien luego, por medio de colaboradores de Baldizón, lo reinsertaba en las finanzas del político.

Por lo menos un tercio de los millonarios recursos reportados por Líder al Tribunal Supremo Electoral provenían de los fondos que en forma de subsidio el Estado otorgó a los transportistas. Así se cerraba un círculo perverso de corrupción entre quienes tenían en sus manos la posibilidad de manipular el presupuesto y un grupo de intermediarios que afinaban el engranaje de una perversa maquinaria electorera.

Lo revelado en este nuevo escándalo es un episodio reiterativo de lo que han sido las últimas campañas electorales en Guatemala, donde los grandes caciques de la política han manipulado la asignación de recursos para favorecer a sus maquinarias electoreras.

Otra modalidad fue la empleada por el prófugo Alejandro Sinibaldi, quien presionaba a contratistas del Ministerio de Comunicaciones para obtener dinero que provenía de los pagos que hacía el Estado, parte de los cuales terminaba en sus cuentas personales y otra parte incluso sirvió para financiar a su mismo contrincante.

Hoy, una nueva estructura criminal queda al descubierto y es oportuno recordar que la aprobación del último presupuesto de gastos utilizó el mismo patrón impulsado por Baldizón.