Así como el secretario de Estado le expresó a Jimmy Morales el respeto por la soberanía, pero le ratificó la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con algunas variantes, en la misma sintonía parecen discurrir las operaciones del Ministerio Público y la oficina antimafias de Naciones Unidas.

Es decir que para las dos entidades todavía hay mucha maleza por recortar en este campo minado de hierba mala, como para desperdiciar el tiempo en algo que será mucho más sustancioso asimilar sobre la marcha y con golpes a las estructuras de corrupción, como ocurrió ayer en un nuevo martes de Cicig, cuando fue detenido el exalcalde de Quetzaltenango Jorge Barrientos Pellecer junto a su esposa, familiares y varios colaboradores, sindicados de haber desviado más de Q73 millones.

El caso se resume a una modalidad harto conocida en Guatemala, como es la concesión de contratos a empresas escogidas, las cuales repartían jugosos porcentajes, tal y como acaba de conocerse en el más reciente relato de la exsecretaria del ministro de Comunicaciones del gobierno patriotista, Alejandro Sinibaldi, quien cuando sintió que la justicia le respiraba en la nuca movió de manera acelerada millones de quetzales y dólares.

Este nuevo hecho tiene implicaciones relevantes. Primero, porque es el primer caso trabajado por el MP y la oficina de la Cicig en Quetzaltenango. Se ratifica que el modelo puede ser aplicado con eficacia en las regiones más sensibles del país y, más aún, en aquellas donde es fácil determinar los cacicazgos locales, responsables de la sobrevaloración de obra pública.

Hace casi dos años, en Quetzaltenango, se inauguró la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, para iniciar operaciones junto a la Cicig, y en esa ocasión, durante su discurso, el presidente Jimmy Morales dijo: “La corrupción todavía existe y muchos quisieran regresar a la situación que se vivió anteriormente, pero no se debe permitir… La habilitación de la nueva sede es un respaldo a la lucha contra la impunidad y la corrupción”. Recordó en aquel momento que por ello al inicio de su mandato había pedido la extensión del tiempo de funcionamiento de la Cicig.

En esa ocasión, octubre de 2016, cuando el mandatario no enfrentaba ninguna sindicación, también agregó: “Ninguno es superior a la ley. Ninguno es inferior a la ley. Soy el primero en reconocer que Guatemala está cambiando y que hace falta mucho por hacer. No es el trabajo de un hombre o una mujer, sino el de todos, unidos”.

Hoy, 23 meses después de aquel auspicioso evento, las circunstancias han cambiado y los objetivos del mandatario avanzan por otros derroteros, y la Feci, con el respaldo de la oficina de la Cicig en Quetzaltenango, se apunta el primer gran evento de trascendencia nacional, porque esta investigación apenas abarca la gestión de un personaje que ocupó en tres ocasiones la alcaldía de esa cabecera.

Este nuevo golpe de la justicia también tiene implicaciones preocupantes, porque pese a tratarse de una nueva investigación, solo ocurre un cambio de protagonistas en una película que se ha vuelto repetitiva sobre el modo de operar de funcionarios implicados en redes para estafar al Estado.