En esta frase se resume el contundente y bien fundamentado pronunciamiento que el pasado viernes hicieron los obispos de Guatemala, en su comunicado Queremos ser testigos de la verdad, en el que comparten “preocupaciones, desconciertos y deseos al ver la realidad de nuestro país”.

La Conferencia Episcopal denuncia la falta de rumbo que muestran los organismos del Estado, lo cual atribuyen a “la dictadura de la corrupción”, capaz de poner en peligro la existencia misma de la institucionalidad, porque paralelamente ha crecido la desconfianza y el descontento de la población.

Es muy probable que muchos de los integrantes de este ilustre foro vayan a ser vilipendiados, o acusados de practicar doctrinas exóticas, como fue común en las últimas décadas del siglo XX, pero también porque se ha resucitado esa práctica contra quienes repudian el abuso de poder, el latrocinio y la escasa moralidad con la que se conducen demasiados de los funcionarios públicos.

Esa campaña de desprestigio sin duda cuenta con millonarios recursos y por ello ahora se puede hablar con absoluta propiedad de los nuevos sicarios de las redes sociales, que alquilan su voz y los medios a su alcance para atacar a quienes critican el desgobierno o a quienes piden responsabilidad y eliminación del abuso con los recursos de los guatemaltecos, porque se está llegando a niveles intolerables de dispendio y aprovechamiento de dinero para negocios y caprichos personales.

Algunos de estos mercenarios no dan la cara, y quienes los financian, aun contra los intereses de los guatemaltecos, se equivocan al creer que tanto los obispos como los medios de comunicación y los periodistas independientes no deben criticar a la clase política que ostenta el poder simplemente por haber sido elegida por la mayoría de una minoría.

La labor de la prensa independiente es, debe ser y será, fiscalizar el poder público en todas sus expresiones, lo que en Guatemala es intolerable para una casta que se considera privilegiada, inmaculada y ajena a la rendición de cuentas. Deben hacerse a la idea de que en una democracia real, no solo electoral, tal actitud no solo es intolerable, sino ilegal.

El pronunciamiento de los obispos constituye una visión ajena a esas pasiones y adquiere mayor relevancia, al provenir de un cuerpo colegiado que ha de haber meditado profundamente las palabras a incluir en su comunicado y lo que cabe esperar es que por el bien del país se pronuncien también otras corrientes religiosas, universidades y sectores de pensamiento, porque el futuro de Guatemala está en juego.

Debe quedar claro que no se trata de descalificar a un sector, sino de denunciar a quienes han hecho de sus cargos y de los recursos públicos una billetera personal para cubrir hasta sus más vanales caprichos, pagar sus campañas electorales, subvencionar a sicarios o para alimentar negocios de delincuentes. El comunicado de los obispos demuestra que en el tema de pronunciarse al respecto de la situación del país, todas las instituciones nacionales están obligadas a pronunciarse.