La propaganda es un instrumento fundamental para la victoria electoral en todos los países, sin excepción. Y la propaganda implica gastos, muchas veces megamultimillonarios, como en Estados Unidos, y en otros, como Guatemala, “solo” multimillonarios. El exceso de esta se ha convertido aquí en uno de los factores fundamentales de la corrupción tanto dentro del proceso electoral, como durante el desarrollo de los gobiernos engendrados en los comicios, cuyos principales protagonistas deben resarcir con negocios sucios las sumas otorgadas ya sea en efectivo, o en especie. Se ha llegado al punto de convertir a las campañas en elementos importantes para la economía nacional el año de las elecciones y muchas veces por algunos meses adicionales.

Esto se debe además a la necesidad de dar a conocer a los aspirantes, muchas veces imbuidos en el patrio ardimiento para presentarse como salvadores de la patria. El dinero gastado en propaganda es además fundamental para los astutos convencedores y afianzadores de sueños de opio o de simples ambiciones, apuntalados por dizque encuestas. Cuando la realidad los lleva a los escuálidos uno o dos por ciento de los votos, deben entonces convencerlos de haber fallado algo de manera inesperada, como antes los convencieron de no confiar en estudios de opinión pública bien hechos y sin ningún objetivo oculto. La histórica política de las últimas elecciones está llena de numerosos casos francamente patéticos y rayanos en lo absurdo y lo risible.

En los medios de comunicación, el asunto tiene algunas diferencias. La prensa escrita ha sido durante muchos años una fuente pequeña para la divulgación de la propaganda. En los medios audiovisuales, es distinto. Tanto muchas radios como la totalidad de la televisión abierta han sido famosos por sus negociaciones oscuras, convertidas en todo: desde el dumping por medio de la oferta de tarifas mínimas, hasta la publicación de supuestas noticias de las actividades de los politiqueros, pero realmente instrumentos de propaganda disfrazada. La televisión por cable, y hablo con conocimiento de causa acerca de Guatevisión, optó por no tomar partido gracias a darles a todos los aspirantes y sus grupos el mismo tratamiento económico, sin beneficios.

Desde hace meses se habla de la intención del Tribunal Supremo Electoral de encargarse de la compra de los anuncios, pero solo entre los medios anotados en una lista y al 20 por ciento del valor de las tarifas, con la condición adicional de elegir horarios y página, aunque tengan contratos previos de tipo comercial. Por supuesto, solo se apuntarán aquellos medios cuya audiencia o circulación es muy poca o cuyo alcance de las ediciones electrónicas es mínimo. No se ha decidido nada definitivo y hay una batalla legal al respecto, pero nadie parece haberse dado cuenta de los efectos de la falta de anuncios en aquellos candidatos no conocidos porque participan por primera vez.

Una sospecha es explicable: pensar en buscar beneficiar a estos personajes conocidos, todos con un historial negro o gris oscuro. Por eso, de manera directa colocar estos valladares a la propaganda puede verse además como una forma adicional de contribuir a la lucha por destruir a los medios independientes, como cada vez es más claro para más personas. El abuso de la propaganda es eso, un abuso. Se le debe reglamentar, pero con criterios cuyos efectos no sean contraproducentes. En la práctica, por ser la UNE el partido con mayor nivel de conocimiento por haber hecho gobierno, antes del casamiento con el pueblo de quien fue calificada como “arañita” por su entonces consorte, cuenta con esa ventaja. Como mínimo, se puede calificar con una piedra de buenas intenciones en el camino al infierno.