El sistema de justicia debe hacer cada día verdaderas proezas para garantizar la credibilidad sobre su funcionamiento, aunque para ello se tengan que librar batallas contra funcionarios de la más alta jerarquía, quienes están en primera fila en el desafío a un sistema cuando este apenas da muestras de una labor independiente.

A principio de semana, la Procuraduría General de la Nación entregó un informe al presidente Jimmy Morales en el cual le recomendaba denunciar lo actuado por su amigo y exembajador en temas de migrantes, Marvin Mérida, quien en una muestra de abuso de poder contrató a un grupo de lobistas con el objetivo de desprestigiar al embajador de Estados Unidos Todd Robinson, a la jefa del Ministerio Público y al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Dos días más tarde, el vocero presidencial anunciaba que el mandatario no haría ninguna denuncia y que dicha tarea quedaba en manos de las autoridades de la PGN, quienes deben actuar de oficio, para no incurrir en omisión de denuncia, un delito por el cual también podría ser señalado el mismo Morales, por su manifiesta indiferencia ante un hecho que enturbia su gestión.

La PGN accionó ayer en la tarde y presentó la respectiva denuncia en el MP, ante la indiferencia presidencial, que simplemente obvió cumplir con su deber y le endosó el problema a la dependencia que tampoco había querido actuar de oficio, como finalmente ocurrió.

El segundo hecho, que también involucra al mandatario, es el correctivo que le aplicó la Corte de Constitucionalidad, que le ordena en el término de cinco días destituir a los gobernadores que fueron designados mediante un proceso inconstitucional y designar a los nuevos representantes gubernamentales en un proceso apegado a la legalidad.

Este revés tampoco ha sido bien recibido en las esferas del Ejecutivo, donde no solo hay resistencia a su cumplimiento, sino que todavía se buscan mecanismos para tratar de evadir la orden, sin reparar en el bochornoso espectáculo en el que han caído instituciones de mucha relevancia que se muestran incapaces de enmarcarse en la legalidad.

El mayor error del presidente es que, de nuevo, pone mayor atención a quienes más influyen en sus decisiones y descarta las propuestas de grupos de la sociedad civil y de los consejos departamentales de Desarrollo, y tampoco parece comprender el alcance legal de decisiones cuya viabilidad queda en manos de las altas cortes.

El tercer caso, y no menos importante, es la resistencia del alcalde Álvaro Arzú a acudir a una citación en un juzgado Penal que reiteradamente lo ha citado para que dé su versión sobre una acusación de incitación a la violencia que pesa en su contra, y su empecinamiento lo ha llevado incluso a buscar amparo en la Corte de Constitucionalidad, en la cual ha recibido dos reveses y la conminatoria a presentarse a declarar cuando lo requieran los órganos jurisdiccionales.

La dura enseñanza que dejan estos casos es que si quienes tienen la obligación de cumplir con la ley y velar por su cumplimiento no la acatan, ¿cómo pretenden pedirle al resto de la población que lo haga?