Guatemala ha sido señalada como uno de los países más corruptos del mundo. Ese vergonzoso estatus se debe en gran parte a la inoperancia de las entidades llamadas a velar por el buen uso de los recursos públicos, tal es el caso de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que ha fallado totalmente en su misión fiscalizadora, al punto de que se hizo necesario en el país la presencia de un ente externo como Cicig  para combatir las estructuras criminales incrustadas en el Estado.

Es bien sabido que la designación del titular de la CGC ha estado tradicionalmente en manos del pacto de corruptos, que necesitan de un contralor “ciego, sordo y mudo”, que sirva de comparsa a los grupos mafiosos enquistados en el poder. Y esto quedó confirmado después de escuchar el testimonio de la exasistente de Alejandro Sinibaldi sobre la forma como el exministro de Comunicaciones manejaba los fondos de esa cartera, sin que la CGC tan siquiera se pronunciara al respecto en su momento.

Entre muchos otros casos que se han conocido en los últimos tres años, este caso ejemplifica la manera fraudulenta como operan todas las instituciones en cuanto a su sistema de contrataciones, licitaciones y pagos de comisiones. La forma como Sinibaldi acumuló sumas millonarias, sin que la Contraloría General de Cuentas lo fiscalizara y denunciara, es un muy mal precedente para esa institución, que debería velar por la transparencia del gasto público, pero en cambio ha brillado por su ausencia, sobre todo desde la “era Mencos”, que quiere perpetuar su dinastía por siempre en esa entidad. ¿Cómo es posible que funcionarios que hoy ocupan altos puestos dentro de la CGC y han demostrado ineptitud pretendan ser el nuevo Contralor?

El miércoles 3 de octubre se llevarán a cabo las elecciones para delegados del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, quienes formarán parte de la comisión de postulación que seleccionará una nómina de seis candidatos, la cual será presentada al Congreso de la República.

Por lo tanto, no puede obviarse la injerencia que tiene la CGC en ciertos miembros de la junta directiva de los colegios profesionales de CPA, Economistas y Administradores de Empresas —que nombran delegados para la postuladora—, algunos de ellos laboran en la Contraloría General de Cuentas, devengan un sueldo de esa entidad y son subalternos de Carlos Mencos, situación que podría restar ecuanimidad y transparencia a este evento. Por ello los profesionales deben actuar éticamente al momento de elegir a sus representantes.

Mucho se ha comentado que, por obtener un voto a favor, se ofrecen empleos, regalos, viajes al exterior, cenas, fiestas, etcétera. El tráfico de influencias en este proceso puede hacer un cambio radical en los resultados. Si desde la raíz se maneja todo turbiamente como ha sido la costumbre, seguro que al final tendremos a un contralor podrido y corrupto. Pero si, por el contrario, se toma conciencia de que la figura del Contralor es clave para la fiscalización de los recursos públicos y podría frenar la corrupción estatal, se actuará con ética y seguramente habrá resultados diferentes.

La Contraloría General de Cuentas debe velar por la transparencia, empezando por ellos mismos, para tener la legitimidad de la fuerza fiscalizadora que necesita este país. La corrupción ya alcanzó niveles vergonzosos e intolerables, lo que hace necesario, hoy más que nunca, promover un cambio, no solo de rostro en la dirección de la Contraloría, sino de costumbres, capacidades y valores. Se necesita un personaje valiente y proactivo que vaya al rescate de las instituciones y, sobre todo, dispuesto a combatir las mafias.

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