La presencia en aguas territoriales guatemaltecas de un barco perteneciente a una organización no gubernamental holandesa dedicada a otorgar facilidades para que se puedan practicar abortos se convirtió la semana pasada en una nueva e innecesaria forma de división en el país. La eliminación voluntaria de la vida de un ser humano no nacido es uno de los temas causantes de mayor controversia, por su enorme carga emocional, moral y ética, así como por los contradictorios criterios con los que se le puede y debe juzgar.

Los Estados tienen no solo el derecho sino también la obligación de exigir el cumplimiento de las leyes locales, que pueden estar en concordancia o en contradicción con las de otras culturas. A esto se debe circunscribir el análisis estatal. En Guatemala, la Constitución señala desde su inicio que el Estado protege la vida humana. Al no haber excepciones, queda claro, por lógica, que aplica desde el momento de la concepción. Por ello, desde el punto de vista estrictamente legal y estatal, la acción de proteger la existencia de un ser humano debe ser cumplida.

La complejidad del tema se profundiza porque en la vida práctica existen factores diversos que explican algunas razones por las cuales ocurren abortos. Destacan, sobre todo, la falta de educación sexual para evitar embarazos no deseados, por motivaciones sobre todo religiosas, pero además se debe señalar violencia contra las mujeres y la cultura machista que desafortunadamente persiste en la sociedad actual.

En el caso del barco holandés dedicado a ofrecer abortivos en aguas internacionales, su actividad no podía ser permitida porque la visa de los tripulantes es de turistas y la actividad a la que deseaban dedicarse es ilegal en Guatemala. Pero exigir que se cumpla la ley que ordena hundir naves extranjeras que desobedezcan leyes nacionales, lo cual implica hacerlo con todo y tripulantes, además de absurda, es prueba de violencia innecesaria y se le puede aplicar el criterio de incitación al crimen, el cual también encaja con lo hecho por los tripulantes.

Este caso no pudo venir en peor momento para la imagen de las oenegés europeas que actúan en el país, con el objetivo directo o indirecto de provocar divisiones internas, al querer aplicar criterios de los Estados donde se originan. Es imposible juzgar con criterios legales asuntos que son fundamentalmente de conciencia individual.

Otro factor de división social es el de calificar de retrógradas a las personas opuestas a la presencia del barco y a quienes la aprueban, de progresistas o respetuosas del supuesto derecho humano de la mujer a terminar con la vida que ha engendrado. El problema se profundiza aún más cuando se toma en cuenta que el aborto tampoco tiene una prohibición total, porque puede ser permitido legalmente en aquellos casos en que la vida de la madre corre peligro real e inminente, comprobado por médicos.

El tema es complicado y resulta muy difícil un acuerdo entre quienes tienen posiciones adversas. El barco vino, luego recibió la orden de irse y ahora el interés nacional debe regresar a los temas que han estado en la palestra los últimos meses.