En la última década del siglo XX, en Colombia se popularizó el término extraditables para referirse a poderosos narcotraficantes reclamados por la justicia estadounidense, sobre todo por la dificultad, en aquel momento histórico, de que fueran juzgados y sentenciados por los tribunales de su país. Fue una batalla que no resultó nada fácil y estuvo cargada de episodios violentos y una enorme resistencia, marcada por la corrupción en distintos segmentos del Estado.

Los colombianos debieron atravesar un terreno escabroso, el cual estuvo marcado por actos de violencia extrema, con numerosas víctimas, pero a final de cuentas se fortaleció el estado de Derecho, numerosos criminales fueron enviados a Estados Unidos, en donde recibieron severas condenas y el narcotráfico dejó de ser el gran protagonista, aunque no por eso cesó el fluir del polvo blanco.

Esa espiral de criminalidad alcanzó a varios países, principalmente a aquellos donde la cocaína debe transitar hacia el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, cuyas autoridades llevan décadas en una guerra estéril que parece cada vez más condenada al fracaso, a juzgar por los constantes decomisos que denotan un mercado palpitante.

Guatemala nunca estuvo exenta de ese trasiego, y aunque al igual que en Colombia primero empezaron a caer capos del narcotráfico, ahora parece haber llegado el turno de altos exfuncionarios vinculados con poderosos narcotraficantes, a quienes habrían servido y de quienes habrían obtenido sustanciosos e ilegales beneficios en los cuales ahora la justicia se interesa para no dejar en la impunidad.

Mauricio López Bonilla, uno de los ministros estrella de la administración de Otto Pérez Molina, se sumó ayer a esa lista de guatemaltecos reclamados por la justicia de EE. UU. por su supuesta complicidad en el trasiego de drogas, actividad en la que habría utilizado incluso a agentes de la Policía Nacional Civil para que sirvieran como escoltas de cargamentos.

La acusación de la Corte del Distrito de Columbia lo sindica de asociación delictuosa y narcotráfico, aunque como ocurrirá con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, el exfuncionario debe primero solventar los múltiples cargos que enfrenta en Guatemala, donde el Ministerio Público lo sindica en varios casos de corrupción mientras fungió como ministro en el gobierno del Partido Patriota.

Es probable que transcurran varios años para que López Bonilla sea extraditado, pero se convierte en el segundo de los colaboradores más cercanos del general Pérez Molina en ser requerido bajos graves cargos por EE. UU., caso que se origina en el testimonio de varios colaboradores del narco, quienes revelan las cifras que habrían pagado al exministro y otros detalles que seguramente se podrán conocer cuando comparezca en Washington.

Tanto López Bonilla como Baldetti constituyen un triste ejemplo de los excesos en los que se puede incurrir al considerar que el poder público es absoluto, cuando en realidad es una potestad que el pueblo delega en los funcionarios. La lección es lamentable pero real para generaciones siguientes de ministros y empleados estatales, e incluso está contenida en una frase del Evangelio: nada hay oculto que no llegue a saberse.