A la luz de lo que ha ocurrido durante los últimos cuatro años, pero sobre todo con el despertar de quienes ahora conducen la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), muchos sectores tienen extrema preocupación y es notorio que si existieran mayores recursos para la investigación, también sería mucho mayor la cantidad y variedad de casos destapados y llevados a las instancias judiciales.

De hecho es cuestión de tiempo, pero también de mucha voluntad y respaldo ciudadano para que muchos otros casos avancen, ya que hasta ahora apenas existen señalamientos de corrupción, muy grotescos, contra los últimos dos gobiernos. El extinto Partido Patriota es el que más protagonistas presenta, porque en el caso de la actual administración la figura más relevante es la del presidente Jimmy Morales, quien al ser denunciado por el Ministerio Público y Cicig hace algunas semanas rápidamente adoptó una postura similar a la de los líderes patriotistas.

En cambio, avanzar sobre actos de corrupción del pasado más reciente ha revestido mayor dificultad, porque estaba bajo mucha mayor sospecha la independencia de organismos claves en el combate de la criminalidad y sobre todo porque tampoco la importante oficina de la ONU asentada en Guatemala estaba cumpliendo a cabalidad con su función, como lo comprueban con claridad los comisionados Castresana y D´Allanese, originarios de España y Costa Rica, en su orden.

Eso explica por qué hasta ahora sale otro de los casos más relevantes en la administración pública de las administraciones recientes y es el relativo con el transporte público de la entidad denominada Transurbano, uno de los mayores fiascos del gobierno de Álvaro Colom, en el cual corrieron millones de dinero público para atender a otras de las mafias delincuenciales incrustadas en el Estado, al punto de que algunos de sus máximos dirigentes están fuera del país, para no quedar al alcance de la justicia.

La denuncia inicial que reiteraron la semana pasada las autoridades de la Contraloría General de Cuentas es por reparos que suman Q1,744 millones, y el caso ya se encuentra bajo reserva en la fiscalía respectiva del Ministerio Público, por lo cual ahora se ha fijado un plazo de 20 días para determinar si procede la intervención de esa empresa. Con el fin de esclarecer las actuales denuncias de malos manejos.

El punto más grave se concentra en la supuesta adquisición de tres mil buses, pero las auditorías de la CGC constataron que dicha compra solo había sido por 400 unidades, modalidad que sorprende y además desnuda la ineficiencia en los controles y el vergonzoso proceder de funcionarios y empresarios, tal y como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia con el manejo del subsidio en el transporte público capitalino.

Ahora ha llegado el turno de iniciar las pesquisas por caso de corrupción durante la administración del partido Unidad Nacional de la Esperanza, agrupación que difícilmente pueda escapar al estigma de una bochornosa e ilegal práctica en la que se han movido prácticamente todos los gobiernos desde la reinstauración de la democracia, cuyos mayores exponentes son ahora el FRG, acompañado también de los desaparecidos partidos Líder y Patriota, sin que esto haga a un lado a otras agrupaciones que han servido de vergonzosa comparsa a los gobernantes de turno. El caso del Transurbano promete sacar a luz irregularidades de larga data, lo que explica la forma virulenta de las acciones de los afectados, conocedores de los entretelones porque ellos mismos participaron directa o indirectamente.