Esta frase fue pronunciada por la periodista estadounidense Ana Arana, nacida en la centroamericana República de El Salvador, y ahora ciudadana de los Estados Unidos, durante una conferencia sobre periodismo de investigación dictada  en su país de origen a un grupo de periodistas salvadoreños, hace algunos meses.

La actividad formó parte de un programa de conferencistas de la Embajada de Estados Unidos, auspiciado por la Oficina de Asuntos Culturales del Departamento de Estado.

La información está colgada en el sitio oficial de la mencionada misión diplomática y lo que tiene de importante —en mi opinión— es que la política de los Estados Unidos en cuanto a colaborar con los pueblos latinoamericanos en su permanente lucha contra la corrupción no cambia, no importa cual sea el partido gobernante en ese país.

En El Salvador, en Guatemala y en cualquier otro país, el periodismo investigativo busca hechos, los encuentra y los divulga, con lo cual ayuda en la lucha contra la corrupción.

Y como se sabe y se reconoce, el mayor interés de ese tipo de periodismo es encontrar focos de corrupción, muy particularmente en las esferas de los gobiernos.

No se trata de una actitud rutinaria de oposición, ni de un deseo morboso de desprestigiar a gobiernos, funcionarios, dignatarios, jueces y magistrados, sino de un trabajo dirigido a proteger intereses fundamentales de los gobernados, porque la corrupción es una enfermedad que impide el deseado mejoramiento de sociedades como la nuestra.

El tema no es nuevo ni es solo local. En diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la integración de un grupo internacional de expertos y le encargó redactar el proyecto de una convención internacional contra la corrupción.

La convención fue aprobada en diciembre de 2003 y está vigente desde el 2005. De manera que el Gobierno de Guatemala debería estar luchando a fondo y sin descanso contra la corrupción desde hace trece años. Pero, no lo ha hecho en la medida de sus recursos propios y de los que ha recibido del Gobierno de los Estados Unidos, ayuda que alcanzó en años recientes el equivalente a unos siete mil setecientos millones de quetzales, entregados a Honduras, El Salvador y Guatemala.

Y ese reiterado incumplimiento es lo que, finalmente, ha exasperado a poderosos políticos de los Estados Unidos que, estos días, han aprobado la elaboración de una lista de funcionarios corruptos de Guatemala para ponerlos en la picota pública y sancionarlos. Y lo han justificado con palabras gravísimas como estas: “la corrupción sistémica está socavando estos objetivos en Guatemala, Honduras y El Salvador”/ “hay una persistente corrupción en las instituciones públicas de la región”/ “la ley para terminar con la corrupción en el Triángulo Norte golpeará al corazón de la corrupción y traerá una mayor transparencia y rendición de cuentas a nuestros esfuerzos./ Esto es urgente. A menos que tomemos medidas enérgicas contra la corrupción ahora, estamos poniendo en riesgo la estabilidad y la prosperidad de nuestros socios clave en Guatemala, Honduras y El Salvador”

Y, ¿por qué estos días en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos se alzan voces contra el Gobierno de Guatemala? Porque aquí algunos sectores oficiales y sus topos están atacando el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, el del Ministerio Público, el del Procurador de los Derechos Humanos, el de jueces y magistrados por las sentencias que dictan, y el de ese pájaro madrugador que encuentra las lombrices.