Guatemala se caracteriza desde hace tiempo por la enorme cantidad de crisis y minicrisis cotidianas. Ello dificulta muchas veces analizarlas desde la altura, por decirlo así. La semana pasada fue una de las más prolíficas en este sentido: el grupo Codeca impidió el paso por carreteras y amenazó la metrópoli; el juez Gálvez fue objeto de un intento de descalificación; una rebelión ocurrió en Las Gaviotas; dos funcionarios del MP fueron atacados en Chimaltenango y Chiquimula; hubo ataques a policías municipales de Villa Nueva y de la capital; se emplearon medios de prensa de nula independencia para acusar a un importante grupo empresarial de forzar la renuncia de Jimmy Morales. Todo eso antes de las nuevas denuncias de la Cicig y el MP.

Lo indicado obliga a aceptar la existencia de una crisis de alguna manera planificada, y obliga a también a preguntarse quién o quiénes son los beneficiados y los afectados. Codeca, por ejemplo, ha sido notoria por su plan de desestabilizar por medio de acciones o peticiones cuyas bases son muy endebles. El Inde demandó a algunos de sus integrantes por supuestos robos de energía en muchas de las poblaciones del país, pero por causas aún no explicadas ni explicables no hubo efecto en los juzgados ni en los jueces. Por aparte, las acusaciones contra el juez Gálvez siguieron adelante a pesar del retiro de quienes las habían presentado, y poco se ha hecho o se ha informado al respecto de los ataques a los funcionarios del Ministerio Público.

Los guatemaltecos, en general, son los afectados directos o indirectos del abuso del derecho de protesta, al cual tiene motivos de rechazar. Pero la falta de reglamentaciones y normas provocan el libertinaje y efectos negativos hacia dentro y hacia afuera del país al respecto de temas como la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito hace 25 años por el Estado de Guatemala entre los aplausos de los políticos de esa época. Desde entonces, el Estado ha incumplido con su obligación de hacer esas normativas, así como de realizar las consultas previas a las elevadas inversiones en algunos proyectos de desarrollo, los cuales tampoco tienen normativas claras acerca del límite del derecho al lucro.

En este escenario, aumenta la importancia del respeto a los Derechos Humanos de la totalidad de la ciudadanía, y por tanto, de cómo actúa la Procuraduría respectiva, a la vez sujeta a presiones de todo tipo y sobre todo a la posibilidad de interpretaciones basadas en criterios ideológicos interesados en provocar el desorden, por un lado, y por el otro, el rechazo ciudadano, al considerarlas como prueba de parcialidad en favor de un grupo social. Este error contribuye a facilitar la tarea de quienes, para hacer realidad sus motivaciones, muchas muy variadas y hasta contradictorias, necesitan de esa creencia para realizar sus fines. Y quienes se encargan de aplicarlos y vigilar su cumplimiento deben tener claro el riesgo de actitudes de posible mala interpretación.

En cuanto a la nueva denuncia de la Cicig y del Ministerio Público contra 40 personas, entre ellas el exdirigente patriotista Alejandro Sinibaldi, su hermano Luis Rodrigo Sinibaldi y el exembajador Julio Ligorría, según señaló el comisionado Iván Velásquez, toca ahora al sistema legal realizar su trabajo para comprobar los hechos. Desde adentro del país, lo ocurrido despierta todo tipo de sentimientos y causa un comprensible dolor a las familias, merecedoras de solidaridad, indistintamente de si los acusados son inocentes o no. Desde afuera se ve como funcionamiento de las entidades estatales y por eso hasta cierto punto no sorprende. La crisis es clara, vale la pena señalar, pero una lectura positiva de todo esto lo puede llevar a uno a buscar una luz al final del túnel.