En más de un sentido se acumulan las evidencias de un acelerado colapso del Estado, y esto no es solo el resultado de quienes han confundido la vía para hacer negocios, ingresando al sector público para lograr un rápido e ilegal enriquecimiento, sino también muchos otros funcionarios y dignatarios que incumplen con sus obligaciones o actúan en contubernio con grupos vinculados con las mafias.

En el primer caso, el hecho más reciente lo constituye el inmoral nombramiento de parte de ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia hacia quien fuera defenestrado como fiscal general, Conrado Reyes, a horas de su elección, porque quien en ese tiempo dirigía la Cicig lo señaló de tener vínculos con sectores oscuros. Con descaro se ha intentado justificar esa designación, cuya legalidad ahora incluso deberá dilucidarse.

Sin embargo, ese no es el único caso. La crisis generalizada en los más importantes órganos de poder también se extiende, como una metástasis, a otros órganos cruciales para el funcionamiento del estado de Derecho, como es la Corte de Constitucionalidad, la cual muestra vergonzosos síntomas de una parálisis preocupante.

Se ha cumplido un año desde que un recurso paralizó las actividades de la mina San Rafael y los más poderosos magistrados del país no solo no han resuelto, sino que ni siquiera se dignan a responder o informar sobre quiénes lo conocen o en qué etapa se encuentra el análisis del caso.

Hay situaciones en las que debería ser mínima la intervención de los ciudadanos y los órganos respectivos deberían hacer su mayor esfuerzo por transparentar sus procesos, porque cuando se opera de manera opaca se deben agotar otros recursos, como ha hecho el Cacif al exigirle de manera pública a la CC que informe del avance de dicho análisis.

Estas son acciones que no serían necesarias si las cosas funcionaran de manera adecuada en el país, pues por simple lógica ya se debería haber tomado nota de los efectos perversos para todos. Por un lado se acrecienta la incertidumbre sobre el estado de Derecho y, por el otro, también ese tortuguismo del máximo órgano en materia constitucional implica millonarias pérdidas para el país. La paralización de las actividades ha provocado pérdidas por mil 887 millones de quetzales, entre impuestos, regalías, salarios, pagos a proveedores y donaciones a las comunas involucradas con dicho proyecto.

Hay un daño mayor, difícil de cuantificar, y es el provocado por la inacción de quienes tienen paralizada la resolución en la CC, al vulnerar la certeza jurídica, porque ni existe la más mínima información sobre dicho proceso ni mucho menos quién tiene la razón al haber promovido durante tanto tiempo la inoperancia de una empresa, con lo cual fácilmente se ahuyenta a otros potenciales inversionistas.

Suficientes problemas enfrenta el país con el estancamiento económico impuesto por la corruptela como para tener que tolerar la inacción de uno de los órganos de justicia cruciales para el funcionamiento del Estado y también el llamado a desentrampar cualquier proceso que se interponga en la ruta hacia un pleno, urgente y necesario estado de Derecho.