En lo que va de este siglo, 12 personas han presidido el Poder Legislativo, pero lo lamentable es que de ellas apenas tres han evitado caer en manos de la justicia, pues las otras nueve han tenido reparos y acusaciones por mal manejo de fondos, tráfico de influencias o por haber incurrido en una modalidad de enriquecimiento ilícito.

El más reciente en sumarse a esa penosa lista es el actual diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza Mario Taracena, quien presidió el Congreso en el período 2016-2017 y en cuya gestión se habría contratado a varias personas con una erogación que sobrepasó los 72 millones de quetzales. Es un hallazgo preliminar de la Contraloría General de Cuentas, y empieza a correr el tiempo para desvanecer los cargos o para que avancen hacia un proceso legal.

La mayoría de los predecesores de Taracena cometieron abusos similares. Uno de ellos, Rubén Darío Morales (2007-2008), enfrenta juicio desde el pasado lunes por lavado de dinero y concusión, por la pérdida de más de 16 millones de quetzales que como presidente depositó en cuentas no autorizadas, dinero que posteriormente fue a parar a la desaparecida casa de inversiones Mercado de Futuros (MDF).

Su sucesor, Eduardo Meyer Maldonado, también enfrenta una pena por haber hecho la misma maniobra con Q82.8 millones, los cuales se perdieron cuando MDF no pudo hacer la devolución y, ahora, junto al empresario Raúl Girón, representante de esa casa, deberán pagar, cada uno, la mitad de esa millonaria estafa.

La práctica de malos manejos y desorden en el Congreso se volvió posteriormente una auténtica rapiña de los recursos. Siguieron Arístides Baldomero Crespo Villegas, Gudy Rivera, Pedro Muadi y Luis Armando Rabbé, con quien el abuso y el descaro se generalizaron, con el aumento de malos manejos, al extremo de que de los últimos citados, dos se encuentran en prisión y Rabbé se dio a la fuga cuando un juzgado emitió orden de captura en su contra.

La mayoría de ellos enfrentan acusaciones por haber creado plazas fantasmas, una de las modalidades preferidas para acrecentar la práctica del clientelismo y en otros casos de un raterismo rampante, como el caso de Muadi, quien llegó al colmo de utilizar recursos del Congreso para pagar a empleados de algunas empresas de su propiedad.

El otro caso, que a la vez evidencia la corrupción en el sistema, es el de Gudy Rivera, recientemente condenado a 13 años de prisión al encontrársele culpable de tráfico de influencias, pues pretendió influir en la magistrada Claudia Escobar para que no avanzara otro caso contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien había sido suspendida por el Tribunal Supremo Electoral.

El hecho de que solo la tercera parte de quienes presidieron ese alto organismo en los últimos años se salve de la justicia es algo por demás vergonzoso y preocupante, porque es el síntoma más evidente de un proceso de deterioro que se ha venido agravando. Si se comprueban malos manejos durante la administración de Taracena, se completaría un cuadro de corrupción desalentador, de difícil solución ante la falta de liderazgo patente en la actualidad para combatir un flagelo lacerante.