Guatemala está en declive. Por donde se le vea, casi todos los indicadores, locales e internacionales, apuntan a que la situación se va complicando cada día que pasa. El panorama es tétrico, pero estoy convencido de que todavía podemos salir adelante si tan solo se toman las decisiones necesarias para evitar que sigamos caminando hacia el precipicio. La pregunta del millón es si quienes deben tomar esas decisiones son conscientes de la trascendencia y urgencia de las mismas.

Los malos indicadores se van acumulando: caídas en el índice de confianza de la actividad económica, en el índice mensual de la actividad económica, en la tasa de crecimiento del crédito, en el índice Doing Business del Banco Mundial, en la calificación del país, en el índice global de competitividad, y así sucesivamente. Las consecuencias se van reflejando en índices como los de la Inversión Extranjera Directa y la tasa de crecimiento de la economía: los dos picaron en el 2014 y de allá para acá vienen en caída. El estudio presentado hace unos días por Cabi y Agexport sobre la pérdida de inversiones es lapidario.

Y aunque para muchos guatemaltecos estos indicadores no sean más que estadísticas incomprensibles, la mayoría “siente” sus efectos en su vida diaria. Sea el empresario que ha visto sus ventas estancadas o incluso reducidas; sea el trabajador que ve cómo recortan puestos de trabajo y le aterra pensar que el próximo pueda ser él; sea el pequeño emprendedor o el “trabajador por cuenta propia” que cada vez encuentra más difícil vender sus servicios; sea el guatemalteco que por no encontrar trabajo aquí ha emigrado buscando nuevos horizontes. Todos, de una manera u otra, hemos sentido la contracción.

Ciertamente hay cosas que solo se pueden resolver a largo plazo, pero hay muchas que se pueden hacer que pueden tener un gran efecto beneficioso en el corto plazo. El mejor ejemplo son muchas de las decisiones que tomó Trump al inicio de su mandato para reducir regulaciones y obstáculos a las actividades productivas. En menos de un año el efecto ha sido un crecimiento impresionante de la economía y de nuevos empleos.

Aquí la cosa es ambivalente: por un lado se reducen algunas trabas burocráticas, como por ejemplo para la inscripción de empresas, pero por el otro se pretende incrementar otras a nivel exponencial, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental que pretenden imponer hasta a los emprendimientos más pequeños.

Otro tema que se puede resolver rápidamente son los judiciales. Aquí el mejor ejemplo es el de Minera San Rafael. No tienen idea del impacto que ha tenido este absurdo caso en el mundo de los inversionistas: nos han puesto un sambenito que tardaremos años en quitarnos de encima. Es inaceptable que una operación de ese tamaño lleve ya más de cuatro meses detenida por un caso que nunca debió llegar hasta donde está. Y lo peor de todo es que a pesar de que ya se han cumplido todos los plazos legales, la CC sigue sin resolver y dejarlos operar.

Las pérdidas para la economía de todos los involucrados son tangibles. Cada día que pasa sin operar la mina se pierden 12 empleos en las empresas contratistas, lo que implica 60 personas que se quedan sin un sustento seguro. Cada día las empresas proveedoras dejan de vender Q3.6 millones y hasta el mismo gobierno deja de percibir Q1.1 millones en impuestos y regalías. Como mínimo, la economía del país deja de generar Q5.2 millones cada día que la mina sigue cerrada. Como si viviéramos en un paraíso utópico donde las plazas de trabajo crecieran en árboles. ¡No debemos permitir que los fabricantes de miseria continúen ahuyentando las inversiones y obstaculizando el progreso!

Fb/jjliber