La apresurada petición, hecha el pasado lunes, de plantearle a Estados Unidos que conceda a los guatemaltecos indocumentados en ese país el Estatuto de Protección Temporal, llega tarde y más bien luce como una medida arribista y desesperada del gobierno de Jimmy Morales para maquillar el acelerado desgaste de su administración, principalmente por su actitud pusilánime y sospechosa ante el combate de la corrupción.

Es tardía porque ahora este Gobierno atraviesa por una de sus peores crisis, acentuada por señalamientos de corrupción contra el mandatario, algunos de sus más cercanos colaboradores y gente que maquilló una agrupación electorera para hacerse con el poder y conformar una estructura clientelar nociva para los guatemaltecos.

Morales debió haber hecho ese planteamiento al inicio de su mandato, cuando todavía contaba con alguna credibilidad y eran insospechados los casos de corrupción que posteriormente se le atribuyeron, en algunos de los cuales incluso están involucrados cercanos parientes suyos, como su hermano y uno de sus hijos.

No solo desperdició esa oportunidad, sino que demasiado rápido agravó su situación, con inconcebibles muestras de estulticia, como la de intentar expulsar a la única pieza efectiva en el combate a la impunidad y la corrupción, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un fracaso que no debe ser visto con ligereza, porque también pudo constituirse incluso en la tabla de salvación de él mismo, pues es probable que si hubiera logrado su objetivo tampoco estaría en el Gobierno.

Por si eso no hubiera sido muestra suficiente de inmadurez y de inexperiencia en las lides diplomáticas, posteriormente volvió a cometer otro garrafal yerro político, al intentar la remoción del embajador de Suecia, Anders Kompass, siendo ese país uno de los referentes en indicadores de desarrollo humano y, por supuesto, uno de los mayores financistas de la Cicig, lo cual difícilmente comprenderá un equipo como el que encabeza Morales. La bochornosa conducción de la Cancillería es una muestra patética del vergonzoso momento por el que pasa la diplomacia guatemalteca.

Este día, Morales, junto a los presidentes de Honduras y El Salvador, sostendrá una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con quien tocarán el espinoso tema de los imparables flujos migratorios de pobladores de estos países, principalmente de niños, y el dato concreto es que esas cifras no han dejado de crecer y se han agravado con quienes hoy conducen los destinos de estas naciones, al punto de crear una caótica situación en el sistema de justicia estadounidense, por culpa de otras realidades.

Aunque de acuerdo a versiones periodísticas, basadas en comunicados oficiales, se dice que Pence sostendrá una reunión de aproximadamente una hora con los presidentes de los países del Triángulo Norte. También existe la posibilidad que dedique unos minutos a solas con el presidente Morales para hacerle ver el papel que juega la corrupción en esos flujos migratorios y los enormes riesgos y costos que eso conlleva, situación que puede deteriorarse si acaso se busca erosionar una de las más efectivas inversiones de Estados Unidos en el combate de la corrupción y la impunidad en Guatemala.