Es frecuente parangonar el quehacer político con el teatral, particularmente cuando se trata de procesos político-electorales. En estos se montan simultáneamente varias obras, como sucede en los teatros de Broadway, con guiones, actores y comparsas de todo tipo, que pugnan por atraer al mayor público posible. Esto es lo que ha ocurrido en Guatemala en esta temporada que arrancó en enero 2023. Aunque duró pocos meses, por fin cayó el telón, por lo menos para 20 de los 22 actores principales.

Sin embargo, dos de tales compañías efectuarán una segunda temporada para definir al ganador, de acuerdo con la voluntad de los votantes que logren perseverar hasta el final. Ironías aparte, es un alivio que, en gran medida, este proceso electoral haya concluido, sobre todo porque nunca se había vivido uno tan confuso e incierto, en especial por la poca credibilidad del TSE, así como por el contexto institucional en que se produjo.

Quien le ha dado seguimiento al desenvolvimiento político de la sociedad guatemalteca, sobre todo a partir de la llamada “transición a la democracia”, constata que después de 35 años no solo no se ha cerrado el ciclo de la misma, sino que por el contrario se experimentan graves involuciones.

Nunca, como ahora, desde 1984, la de por sí frágil institucionalidad democrática y el débil estado de Derecho han sido reducidos a su mínima expresión. La cooptación desde el Ejecutivo inducida de los otros organismos del Estado, de los órganos constitucional y electoral, así como de los órganos de control y fiscalización, evidencia una descomposición institucional de la que será muy difícil salir en el corto plazo.

Ante este cuadro, groseramente esquematizado, no parece que los resultados de estas elecciones, en particular en lo que respecta a la conformación que se pueda dar del próximo Congreso de la República, sean determinantes para revertir tal crisis.

Sin embargo, aunque en este momento cueste imaginar un escenario deseable en el que un núcleo de diputados, conscientes de su responsabilidad histórica, asuman el compromiso de detener la transición hacia un Estado fallido, vale la pena considerar su viabilidad.

Esto podría ser posible si la multiplicidad de energías ciudadanas, que se han activado en estos meses, persisten en su compromiso y encuentran puntos de convergencia y, al igual que en 2015, contribuyen desde sus particulares plataformas a la conformación de un amplio frente ciudadano por la integridad, la transparencia y el restablecimiento de la institucionalidad democrática.

Por supuesto, esto también dependerá de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Si la encuesta de ProDatos, tal como ocurrió en 2015 y 2019, es acertada en predecir quienes pasarán al balotaje del 20 de agosto, es claro que sobre ambos habrá que incidir con determinación desde que sean declarados como finalistas.

Dicho lo anterior, brevemente comentamos que si bien en esta jornada se han producido diversos incidentes, lo que lamentablemente es previsible en este tipo de procesos, de ninguna manera es tolerable.

Casos como las amenazas sufridas por los integrantes de las JRV de San José del Golfo, con la consiguiente renuncia a sus funciones, así como la quema de papeletas ya emitidas en San Martín Zapotitlán, son condenables por su gravedad.

Por otra parte, es obligado destacar la participación cívica de los miles de ciudadanos integrantes de las juntas electorales departamentales y municipales, así como de las juntas receptoras de votos. Su invaluable contribución a la realización de los diez procesos electorales nacionales hasta hoy realizados en nuestro país ha sido determinante para asegurar la transparencia y credibilidad de las elecciones.