Trece miembros republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor del proyecto de ley de infraestructura que ahora se dirige al despacho del presidente Joe Biden. Puede que no parezca mucho, pero dada la intensidad del partidismo republicano —el perdedor en la carrera por la gubernatura de Nueva Jersey aún no ha concedido— conseguir que incluso tantos republicanos apoyen una iniciativa que podría ayudar a Biden es sorprendente.

Estos votos sugieren que los políticos creen lo que indican las encuestas: que la reparación de carreteras y puentes, la expansión de la banda ancha y otras cosas son en extremo populares y que oponerse al proyecto de ley tendría costos políticos (seis demócratas progresistas votaron en contra de la legislación, pero Nancy Pelosi, quien dijo que tenía un “recuento secreto de los jefes de los grupos parlamentarios”, podría haber conseguido algunos de esos votos de haberlos necesitado).

Pero si el gasto en infraestructura es un ganador político, ¿por qué no ocurrió durante la presidencia de Donald Trump? El gobierno de Trump inauguró la Semana de la Infraestructura en junio de 2017, pero ninguna propuesta legislativa se materializó y, para cuando Trump perdió la presidencia, la frase se había convertido en un chiste nacional. ¿Por qué?

No fue solo la incompetencia, aunque eso fue parte de ella. La verdadera razón es que el Partido Republicano moderno es constitucionalmente incapaz —o quizás, dado el comportamiento reciente, debería ser inconstitucionalmente incapaz— de invertir en el futuro de Estados Unidos. Y, es triste decirlo, los demócratas que están a favor de las corporaciones, a quienes de hecho deberíamos dejar de llamar “centristas”, tienen algunos de los mismos problemas.

Trump habló mucho de infraestructura durante la campaña electoral de 2016. Pero el “plan” publicado por sus asesores —que de hecho solo era un borrador bastante ambiguo— era un desastre. Ni siquiera era una verdadera propuesta de inversión pública; más bien era un ejercicio de capitalismo clientelar, un esquema de inversión privada subvencionada por los contribuyentes que, al igual que las “zonas de oportunidad” que formaban parte del recorte fiscal de 2017, habría acabado en esencia por llenar de beneficios a los desarrolladores adinerados. También era por completo inviable.

Si Trump hubiera querido conseguir algo real, habría tenido que recurrir a personas que tuvieran alguna idea de lo que estaban haciendo, que al menos supieran cómo redactar la legislación. Pero no estaba dispuesto a trabajar con los demócratas y los principales republicanos del Congreso, el senador Mitch McConnell en particular, se opusieron a una inversión significativa en infraestructuras en todo momento.

¿Por qué esta oposición? En gran parte, se trataba de cómo pagar el gasto adicional. Desde luego, los republicanos se oponían a nuevos impuestos, sobre todo para las empresas y los ricos; también decían estar en contra del endeudamiento adicional del gobierno.

Sin embargo, la primera regla de la política deficitaria es que a nadie le importan los déficits. Sin duda, a los republicanos no les importó cuando aprobaron un recorte de impuestos de 1,9 billones de dólares sin ningún ahorro de gasto que lo compensara. El puñado de demócratas que todavía se resiste al plan de Biden para “reconstruir mejor”, que invertiría en las personas además del acero y el hormigón, ha retrasado la votación al exigir una estimación de costos a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Pero no parece importarles el hecho de que el proyecto de ley de infraestructuras físicas se pague en parte con humo y espejos y que la Oficina de Presupuesto del Congreso calcule que añadirá cientos de miles de millones al déficit.

Por cierto, muchos economistas creen ahora que, dadas las bajas tasas de interés, no deberíamos preocuparnos por los déficits. Pero eso no impide que, cuando les conviene, los políticos aludan al miedo al déficit como forma de bloquear los programas gubernamentales que no les gustan.

En el caso de los republicanos convencionales, eso significa en esencia oponerse a todo lo que no sea gasto militar. Todo lo demás es “socialismo”, que en la derecha ha llegado a significar el gasto de dinero de cualquier manera que ayude a los ciudadanos comunes.

De hecho, está bastante claro que lo que los conservadores temen no es que los nuevos programas gubernamentales fracasen; temen que los programas sean percibidos como exitosos y ayuden a legitimar la participación más extensa del gobierno en la resolución de los problemas sociales.

Es decir, les preocupa que los programas gubernamentales que de verdad ayudan a la gente nos conviertan en una “nación de aprovechados”, tal vez incluso en una nación que grava a los ricos para pagar la ayuda a los necesitados.

Dada esta actitud, la única vía mediante la cual Trump podría haber conseguido la aprobación de su proyecto de ley de infraestructura habría sido pasando por alto a gran parte de su propio partido y trabajando con los demócratas. Pero, como he dicho, no estaba dispuesto a hacerlo.

Por desgracia, el puñado de demócratas que aún puede acabar con el proyecto Reconstruir Mejor parece compartir la falta de voluntad republicana de invertir en el futuro, aunque de manera más limitada. Están dispuestos a gastar en infraestructura, incluso con dinero prestado. Pero se acobardan ante el gasto social, a pesar de que hay pruebas sólidas de que ese gasto ayudaría mucho a la economía (por no mencionar a sus propios electores). ¿Por qué? Bueno, Joe Manchin dice que le preocupa que nos convirtamos en una “sociedad que cree que se merece tener derechos”.

Sin embargo, en este momento, dar rienda suelta a esta insensatez cobraría un enorme precio político además de humano. La capacidad de Biden para conseguir por fin el proyecto de ley de infraestructura que durante cuatro años eludió Trump es una lección objetiva de lo que se puede conseguir si dejamos de lado a los ideólogos y a los capitalistas compinches. Ahora los demócratas deben terminar el trabajo.