Las elecciones regionales anunciadas por el régimen para fines de este año están creando de nuevo una complicada situación para la oposición democrática.

El interés del oficialismo es fomentar la división entre sus adversarios. Hay “opositores” que se vendieron “por un puñado de dólares” y colaboracionistas convencidos y derrotados psicológicamente, que han decidido sobrevivir como políticos profesionales, aceptando los “carguitos” que el régimen graciosamente les quiera dar. Pero hay políticos y sectores de la sociedad civil que, en buena fe, creen necesario intentar el camino gradual del aprovechamiento de los “espacios” y “rendijas” que el régimen conceda. Estos grupos parecen olvidar que esta estrategia gradual ya fue utilizada, con éxito, hasta las elecciones parlamentarias del 2015.

Hasta ese entonces el régimen era un autoritarismo competitivo, el Gobierno utilizaba todos los poderes del Estado para obtener y comprar votos e impedir, inhibir, anular y hasta secuestrar votos de la oposición; sin embargo, al final se contaban más o menos correctamente los sufragios.

Es verdad que cuando la oposición ganaba cargos regionales relevantes el régimen les quitaba atribuciones y presupuesto y les nombraba “al lado” un “Protector”, pero la táctica de ocupar espacios permitía a los partidos de oposición mantener su organización, seguir fortaleciéndose y crecer. Pero cuando la oposición democrática ganó las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN), el régimen desconoció totalmente la Constitución y asumió arbitrariamente todos los poderes.

El nombramiento inconstitucional de un árbitro electoral fantoche y el secuestro de los partidos de oposición evidencian aún más la vocación totalitaria del régimen y su intención de no entregar el poder. Obviamente, esto puede cambiar.

El fracaso socioeconómico ha obligado al régimen a abandonar el modelo “socialista” y abrir las puertas a un “capitalismo salvaje”. Casi todas las empresas que habían estatizado y destruido han sido puestas en venta a precios de gallina flaca.
Además, los demócratas venezolanos tienen de nuevo el problema de que la sola abstención es una posición pasiva y desmovilizadora.

Frente a la farsa electoral de Maduro tiene que haber una estrategia activa y movilizadora. Las sanciones y, en general, la presión internacional están teniendo sus efectos. El propio Biden, su secretario de Estado, Blinken, y su asesor de seguridad nacional, Sullivan, contradiciendo la esperanzas del régimen, han manifestado claramente que mantienen el objetivo de la recuperación de la democracia a través de la utilización inteligente de las sanciones, la concertación de la estrategia y las tácticas con los aliados europeos y hemisféricos, y la “negociación cum presión” con los aliados del régimen, en particular Rusia y Cuba.

En efecto, en el enfrentamiento geopolítico de Biden con Rusia no creo posible, a largo plazo, la consolidación de una “segunda Cuba”, apoyada por Rusia, en el Caribe.

Además, el apoyo a la democracia venezolana es uno de los pocos temas de política exterior que tiene apoyo bipartidista, y a Biden, dada su estrecha mayoría parlamentaria, le conviene mantener y subrayar los temas donde hay consenso bipartidista, para favorecer la necesaria negociación parlamentaria.

El desastre socioeconómico, una inteligente presión internacional y una renovada presión interna podrían llegar a convencer a suficientes miembros del régimen en función de una salida negociada, con obvias garantías, que implique unas elecciones presidenciales y parlamentarias, libres, justas y verificables.