Mientras en una sala ampliada del Organismo Judicial iniciaba la primera audiencia para escuchar cargos contra el expresidente Álvaro Colom y la mayoría de los integrantes de su gabinete, fuerzas de seguridad, bajo la conducción del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, arrestaban al abogado Sergio Roberto López Villatoro y al magistrado Eddy Orellana Donis.

El día anterior también agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad allanaron las instalaciones de la Empresa Municipal de Agua y la oficina particular de Óscar Alfredo Guzmán González, gerente general de esa entidad y quien durante el gobierno de Álvaro Arzú fue una pieza fundamental en la venta de la empresa estatal de telecomunicaciones.

Este triple evento presenta un panorama que no ha dejado de sorprender a los guatemaltecos durante los últimos tres años, porque los embates de la justicia continúan dando muestras del largo trecho que queda por recorrer para lograr el convencimiento de los sectores más recalcitrantes de que la lucha contra la corrupción es mucho más seria de lo que algunos suponen y que tampoco debe ni va a detenerse.

En el primer caso, por ser tantos los involucrados, la audiencia continuará el lunes, pues el juez Eduardo Cojulum solo pudo escuchar a 11 de los procesados, en una clara muestra de las enormes implicaciones que debe enfrentar el sistema de justicia.

En cambio, sobre las nuevas capturas, el caso no deja de ser emblemático porque los hoy detenidos han sido piezas clave en un andamiaje para elegir magistrados del Organismo Judicial o aspirantes al Ministerio Público, como es el caso del abogado conocido como el Rey del Tenis, quien ha sido señalado de haber ejercido influencia en varios integrantes de anteriores comisiones de postulación.

Su caso ya había causado conmoción en el mundo político y judicial cuando en el 2009 el primer jefe de la Cicig, Carlos Castresana, lo señaló de ser uno de los corruptores en el proceso de selección de integrantes de las comisiones de postulación y se afirmaba que a través de un complejo tráfico de influencias y el reparto de dádivas había podido colocar a 26 de 54 jueces elegidos ese año.

Por eso también adquiere mucha relevancia la detención del magistrado Orellana, presidente de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil y que perdió su inmunidad en junio de 2017, porque con unos ingresos modestos resultó siendo propietario de un lujoso apartamento en la zona 14 y también fue sindicado de haber recibido al menos dos millones de quetzales. En ambos casos deberá demostrar que la posesión de esos bienes y valores no procede de recursos ilícitos.

Los nuevos allanamientos, la continuación de procesos y las recientes capturas permiten vislumbrar el avance de la justicia, aunque ahora también llevan implícito el mensaje de buscar la erradicación de las oscuras prácticas de traficar influencias de manera corrompida en procesos vitales para el fortalecimiento del estado de Derecho y, mucho más importante, que quienes buscan entorpecer la lucha contra la corrupción y la impunidad reciban estos mensajes inequívocos.