Desde entonces, las tres corporaciones municipales y los gobiernos de turno que se han sucedido en el poder, lejos de velar por los derechos de la ciudadanía, con actitud servil han preferido proteger los intereses de esta empresa expoliadora.  

En el 2013, mientras el Consejo Maya y Popular (Comap)  estaba realizando gestiones en el Fondo de Tierras, se llevó la desagradable sorpresa de que la empresa palmera Naturaceites, S.A., usurpó 2.5 caballerías de terreno en el área urbana del municipio de Fray Bartolomé de Las Casas. En ese espacio territorial  se ubican: el cementerio, el mercado municipal, el predio donde está la oficina de la municipalidad, el campo de la feria, el salón municipal, la pista de aterrizaje, las instalaciones de la Coordinadora Técnica Municipal y cientos de terrenos habitados por familias que desde hace años están tramitando sus títulos de propiedad.

Esta empresa no solo despojó las 2.5 caballerías de terreno, sino las hipotecó junto a otras cinco fincas al Bancolombia, con sede en Panamá. La hipoteca, que asciende a US$8 millones, se pagará hasta el 2017.

El alcalde municipal y el gobernador departamental, en vez de involucrarse en la búsqueda de soluciones para que las familias recuperen sus tierras, les han dado la espalda. También Comap, integrantes de los Cocode y representantes de las familias perjudicadas trabajaron arduamente y lograron conformar una mesa de diálogo y para ello han tenido que viajar a la ciudad capital; sin embargo, los representantes de la empresa no se han presentado a las reuniones.  

Por otro lado, han tocado las puertas de varias instituciones del Estado: Secretaría de Asuntos Agrarios, Fondo de Tierras, Catastro, Procuraduría de los Derechos Humanos, Bienes del Estado, Aeronáutica Civil, Unidad de Vivienda Popular del Ministerio de Comunicaciones. Pero estas instituciones inoperantes, como era de esperarse, se han hecho de la vista gorda.

Ahora hay órdenes de captura contra 13 ciudadanos de los pueblos achi´ y ladino/mestizo. Los demandantes son: el alcalde municipal y la empresa Naturaceites, S.A.

Por eso, preocupa que el sistema de justicia guatemalteco judicialice a quienes defienden su derecho de acceso a la tierra, defienden los patrimonios del Estado, reivindican el derecho humano a resguardar el territorio, el ecosistema y a vivir en un ambiente sano.