Todavía no termina de conocerse la dimensión actual y futura del drama que vuelve a vivir Guatemala, pero es claro que la reconstrucción de los poblados devastados por la erupción del Volcán de Fuego será titánica y que requerirá no solo el solidario esfuerzo de los miles de guatemaltecos que se han volcado a ayudar, aun aquellos de escasos recursos, sino una actitud de responsabilidad de las autoridades.

La devastación y el lamentable y elevado número de muertos permiten vislumbrar que será titánica la tarea de reconstrucción en los municipios afectados y serán necesarios millones de quetzales para extender una mano solidaria a los cientos de miles de víctimas que han quedado en el desamparo más absoluto.

Cualquier labor de reconstrucción es difícil y mucho más cuando las condiciones son de extrema adversidad, como emprender cualquier tarea en un área devastada, anegada y bajo permanente amenaza por la actividad volcánica, por lo cual se deben acelerar las tareas para recuperar la serenidad y la esperanza de quienes lo han perdido todo y ahora deben emprender una nueva ruta en sus vidas, tras sobrevivir a la peor tragedia nacional de este siglo.

La honestidad también será indispensable ante este nuevo reto, porque en Guatemala hasta las tragedias han servido para el pillaje, el aprovechamiento y la corrupción, ante la escasa preparación y planes de contingencia serios para enfrentar los embates de la naturaleza.

Nuestra historia de vulnerabilidad arrastra una penosa huella de inefectividad e incluso de corrupción, como ocurrió en 1976, con uno de los peores terremotos ocurridos en Guatemala y tras lo cual mucha de la ayuda fue desviada hacia personajes que se aprovecharon de las circunstancias.

Hace apenas dos años y medio ocurrió otra lamentable tragedia en pleno corazón del país, cuando un alud sepultó a centenares de familias en el sector conocido como El Cambray 2, en Santa Catarina Pinula, que dejó más de 200 muertos. Debieron pasar muchos meses para que el Gobierno Central empezara a habilitar viviendas ofrecidas en pocas semanas.

Es justo reclamar entonces responsabilidad, porque sería lamentable continuar por una onerosa ruta de aprendizaje, pues las más altas autoridades del país, en este y anteriores gobiernos, persisten en designaciones políticas para cargos en los que debieran ser nombrados profesionales calificados, quienes asumen semejante responsabilidad con conocimientos limitados y casi siempre con absoluto desconocimiento.

Guatemala se ubica entre los 10 países más vulnerables del mundo en materia ambiental y vulnerabilidad de las construcciones. Sin embargo, nuestra historia reciente demuestra una enorme inconsistencia e irresponsabilidad en la designación de funcionarios para gestionar los riesgos del cambio climático, ante los cuales ni siquiera existe una legislación adecuada para minimizar los enormes peligros de quienes viven en zonas en alto riesgo.

Es necesario empezar a apostar por un cambio de paradigma que permita la formación de un equipo capaz de enfrentar nuestras vulnerabilidades y, sobre todo, que sea capaz de trascender gobiernos.